Repudio al cierre de “Volver al Trabajo” y advertencia por su impacto social

La medida implica la finalización de un esquema que alcanzaba a unas 900.000 personas, quienes percibían una transferencia mensual cercana a los $78.000. Ese ingreso dejará de abonarse desde abril, en el marco de su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación laboral.

En ese contexto, Martínez sostuvo que la decisión “profundiza la desigualdad y golpea a quienes más lo necesitan”, advirtió, poniendo el foco en el impacto concreto sobre los sectores más vulnerables.

La legisladora subrayó que el programa no solo funcionaba como asistencia económica, sino también como sostén de tareas comunitarias clave. Entre ellas, mencionó el funcionamiento de comedores, acciones de promoción de la salud, espacios de educación popular y el acompañamiento en situaciones de violencia de género.

“Eliminarlos significa menos consumo, un golpe a las economías locales y más recesión en los barrios populares. El ahorro es mínimo, pero el daño social es enorme”, sostuvo Martínez, en una crítica que apunta no solo a la decisión en sí, sino a su lógica de fondo.

En esa línea, también cuestionó los argumentos oficiales detrás del cierre del programa. Según planteó, la medida “no responde a criterios económicos racionales”, sino que configura un recorte con impacto directo sobre los sectores más vulnerables.

Por último, el proyecto presentado en el Senado bonaerense remarca la necesidad de sostener políticas públicas que garanticen ingresos mínimos y fortalezcan el entramado comunitario, especialmente en un contexto económico donde cada recorte se siente el doble en los barrios.