Salud mental: el Gobierno impulsa una reforma y crece la tensión por posibles cambios en el modelo vigente

El Gobierno nacional confirmó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, vigente desde 2010. El anuncio, realizado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, volvió a colocar en el centro de la agenda un debate complejo que atraviesa al sistema sanitario, la Justicia y la política desde hace más de una década.

Desde el oficialismo plantean que la iniciativa buscará “actualizar” la normativa con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta frente a situaciones de urgencia y riesgo. En ese marco, anticiparon que se revisarán aspectos centrales del régimen actual, particularmente aquellos vinculados a los criterios de intervención, los mecanismos de internación involuntaria y los plazos de notificación judicial.

La ley vigente significó en su momento un cambio de paradigma en el abordaje de la salud mental en Argentina. Reemplazó el modelo centrado en el encierro por uno basado en derechos, con eje en la atención comunitaria, la presunción de capacidad de las personas y la internación como último recurso terapéutico. Además, incorporó a las adicciones dentro de las políticas públicas y promovió un proceso de desmanicomialización progresiva.

Sin embargo, a más de quince años de su sanción, distintos sectores coinciden en que su implementación presenta serias limitaciones. La falta de presupuesto específico, la escasez de dispositivos comunitarios, la aplicación desigual entre provincias y las dificultades para dar respuestas eficaces en situaciones de crisis aparecen entre los principales cuestionamientos. En ese contexto, familiares y profesionales vienen reclamando una revisión del sistema para evitar vacíos de atención y situaciones de desprotección.

El Gobierno sostiene que la reforma apunta precisamente a cubrir esas falencias. Según trascendió, se busca clarificar conceptos y dotar de mayor capacidad operativa a los equipos de salud ante escenarios críticos, incluyendo casos en los que exista riesgo para la persona o para terceros.

Pero del otro lado, la reacción fue inmediata. Organizaciones de derechos humanos, trabajadores del sector y colectivos de usuarios advierten que una modificación del marco normativo podría implicar un retroceso en el enfoque de derechos conquistado en 2010. En particular, alertan sobre el riesgo de flexibilizar criterios de internación sin fortalecer previamente la red de atención comunitaria, lo que —según sostienen— podría profundizar la exclusión y la estigmatización.

El anuncio se da además en un contexto de creciente visibilidad del tema en la agenda pública, impulsado por casos resonantes, reclamos de familiares y proyectos legislativos que plantean la declaración de emergencias en salud mental en distintas jurisdicciones. Todo esto expone, una vez más, las debilidades estructurales del sistema y la fragmentación de las respuestas estatales.

Con este escenario, el debate que se abrirá en el Congreso promete ser intenso. No se trata únicamente de una discusión técnica o sanitaria, sino de una disputa más profunda sobre el modelo de atención, la asignación de recursos y la concepción misma de la salud mental como un derecho humano.

Mientras se esperan precisiones sobre el contenido del proyecto, distintos actores ya anticipan que exigirán un tratamiento amplio y participativo, con la intervención de especialistas, trabajadores, organizaciones sociales, familiares y usuarios.