Polémica por un edil libertario beneficiado por el Nación

La adjudicación de créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo abrió una nueva controversia política y judicial. El caso ya se encuentra bajo investigación en el juzgado federal de Daniel Rafecas, luego de que se denunciara un posible esquema irregular en el acceso al financiamiento por parte de personas políticamente expuestas.

La causa se originó tras la difusión de una lista de beneficiarios que incluye a funcionarios nacionales, legisladores y referentes de La Libertad Avanza. Entre ellos figuran nombres como Felipe Núñez, Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Juan Pablo Carreira y el diputado Santiago Santurio, entre otros. En paralelo, el Banco Nación informó que prepara documentación para presentar ante la Justicia, mientras desde el Gobierno insisten en que los créditos se otorgaron bajo condiciones regulares.

En ese contexto general, el caso del concejal de Luján Alexis Hasen sumó un condimento político adicional. El edil accedió en marzo de 2025 a un crédito hipotecario por más de 221 millones de pesos, mientras que su madre obtuvo otro préstamo en el mismo período por más de 200 millones. En conjunto, el financiamiento familiar asciende a unos 425 millones de pesos, equivalentes a cerca de 396 mil dólares al tipo de cambio de ese momento.

El dato no pasó desapercibido en el plano local. Hasen es empleado del propio Banco Nación, aunque actualmente se encuentra de licencia sin goce de sueldo por su función como concejal. Según explicó, el trámite fue iniciado a fines de 2024 y aprobado en función de sus ingresos y antigüedad laboral. “Aplicaba a montos mayores, no solo en el Banco Nación sino también en otros bancos”, sostuvo.

Sin embargo, las dudas giran en torno a la capacidad de repago y al cumplimiento de los requisitos. Un crédito de ese volumen implicaba, al momento de su otorgamiento, cuotas iniciales superiores al millón de pesos mensuales, lo que exige ingresos familiares elevados. A esto se suma la situación crediticia de su madre, quien registraba antecedentes catalogados como de “alto riesgo de insolvencia”, lo que encendió aún más las alertas.

Los cuestionamientos también alcanzan el plano ético. Desde sectores opositores, particularmente del radicalismo, señalaron la contradicción entre el discurso crítico hacia el Estado que sostiene el espacio libertario y el acceso a financiamiento desde una banca pública. Una tensión bastante incómoda, sobre todo cuando queda documentada con números tan concretos.

El caso de Hasen no es aislado. De los 50 créditos hipotecarios más importantes otorgados por el Banco Nación, 34 corresponden a funcionarios o dirigentes vinculados al oficialismo. En total, unas 1.400 personas ligadas a ese espacio accedieron a líneas de crédito dentro de un universo cercano a los 27 mil préstamos.

Ante este escenario, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle las condiciones de otorgamiento. La iniciativa busca esclarecer si existieron excepciones, flexibilización de requisitos o eventuales irregularidades en los dictámenes técnicos previos.

Mientras tanto, el Gobierno salió a defender el proceso. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que “no tienen ventaja respecto del resto”, mientras que desde el Banco Nación remarcaron que los créditos cuentan con garantías y que no interviene el directorio en operaciones de menor escala. Una explicación técnicamente prolija, aunque políticamente insuficiente para calmar el ruido.

La investigación judicial deberá determinar si existieron irregularidades o si todo se ajustó a la normativa vigente. Pero más allá de lo que diga el expediente, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que en Argentina parece cíclica: quién accede realmente a las oportunidades que ofrece el Estado… y bajo qué condiciones.