La disputa entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional por el control y la administración de rutas estratégicas sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunciara presuntas irregularidades en el proceso de licitación de corredores viales y confirmara que la empresa estatal AUBASA competirá por las concesiones.
Durante una conferencia de prensa, el funcionario provincial advirtió sobre modificaciones introducidas en los pliegos licitatorios en la etapa final del proceso, lo que —según sostuvo— genera preocupación sobre la transparencia y equidad de la compulsa. En ese marco, la Provincia solicitó formalmente la intervención de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la Provincia como veedores.
“Venimos observando modificaciones y decisiones que marcan una arbitrariedad manifiesta en la asignación de concesionarios”, expresó Katopodis, al tiempo que remarcó que “una semana antes, modificaron 33 de 34 artículos y cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada”, poniendo en duda la estabilidad de las reglas de juego.
La licitación en cuestión abarca corredores clave como las rutas nacionales 3, 205 y 226, además de las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas, trazas estratégicas para la conectividad, la producción y el turismo en el principal distrito del país.
En paralelo, el ministro confirmó que, por indicación del gobernador Axel Kicillof, AUBASA se presentó en tiempo y forma al proceso licitatorio. Desde la administración bonaerense destacan que la empresa pública “cumplió todos los requisitos” y cuenta con la capacidad operativa para hacerse cargo del mantenimiento y desarrollo de los corredores.
Por indicación de @Kicillofok, AUBASA se presentó oportunamente en la licitación pública para la concesión de los tramos Sur - Atlántico - Acceso Sur que incluye la RN 3, 205, 226 y autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas de la Provincia de Buenos Aires.
— Gabriel Katopodis (@gkatopodis) April 6, 2026
Ante la preocupación… pic.twitter.com/FNFV8r1fsR
El planteo no es solo técnico. Detrás de la discusión aparece una diferencia de modelos sobre la gestión de la infraestructura vial. Mientras Nación impulsa un esquema de concesiones bajo criterios que la Provincia cuestiona, desde La Plata defienden el rol de AUBASA como una empresa “superavitaria” que reinvierte recursos en obras, mantenimiento y seguridad.
“ Nuestro único objetivo es mantener las rutas en las mejores condiciones, con una tarifa adecuada y competitiva”, señaló Katopodis en su cuenta de X, donde además aseguró que el Gobierno bonaerense realizará “un seguimiento estricto” del proceso para garantizar su correcta adjudicación.
El conflicto también se inscribe en un contexto más amplio de tensiones entre ambas administraciones. Desde la Provincia sostienen que el Gobierno nacional redujo a cero la inversión en obra pública, lo que —afirman— impacta directamente en el deterioro de la infraestructura vial.
En ese escenario, la irrupción de AUBASA en la licitación no solo implica una competencia empresarial, sino una jugada política de fondo: disputar el control de rutas clave, el manejo de los peajes y, en definitiva, la gestión de una infraestructura que incide de lleno en la economía bonaerense.
La advertencia quedó planteada. Si el proceso continúa bajo sospecha, la licitación de rutas dejará de ser un trámite administrativo para convertirse, otra vez, en un capítulo más de la puja entre Nación y Provincia por recursos, poder y territorio.