La creciente tasa de desempleo en Argentina, que alcanzó el 7,5% a fines de 2025, ha impulsado a más de un millón de personas a buscar refugio en la economía digital, específicamente en aplicaciones de transporte y delivery como Uber, Rappi, PedidosYa, Didi y Cabify.
Este universo laboral se compone de aproximadamente 900 mil conductores y 200 mil repartidores, que se han visto obligados a buscar alternativas ante la retracción de las vacantes en el sector privado. La secretaria adjunta del Sindicato de Base de Trabajadores por Aplicación (SiTraRepA), Belén D’Ambrosio, advirtió que el crecimiento es "exponencial" y está directamente vinculado con la pérdida de empleo formal y la necesidad de sumar ingresos.
Compañías como Cabify y Rappi confirmaron aumentos de hasta el 38% en su nómina de usuarios activos durante el último año, lo que refleja la creciente demanda de servicios de transporte y delivery. Sin embargo, la dinámica del servicio exige jornadas laborales de alta intensidad para alcanzar un piso de rentabilidad.
"Trabajamos entre 10 y 12 horas diarias, seis días por semana, con ingresos cercanos a $1,3 millones", explicó D’Ambrosio. Un informe complementario señala que un repartidor requiere finalizar 454 pedidos mensuales para solventar el costo de vida básico.
El perfil de los choferes muestra una tendencia marcada hacia el pluriempleo, con un 60% de trabajadores que posee otra ocupación en paralelo. La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%, junto a una alta proporción de profesionales con estudios superiores.
El auge de este modelo expone una tensión estructural entre la flexibilidad de horarios y la falta de protección social. Las aplicaciones funcionan como una válvula de escape frente a la crisis, aunque el esquema traslada los riesgos y los costos de mantenimiento de los vehículos a los propios trabajadores.
A medida que la economía digital sigue creciendo, surgen preguntas sobre la sostenibilidad de este modelo y la necesidad de implementar políticas que protejan a los trabajadores y garanticen sus derechos.
La situación es compleja y requiere una atención especial para encontrar soluciones que equilibren la flexibilidad laboral con la protección social y la justicia para los trabajadores.
En este contexto, es fundamental que los gobiernos y las empresas trabajen juntos para crear un marco regulatorio que proteja a los trabajadores y promueva la justicia laboral. La economía digital puede ser una oportunidad de trabajo, pero es fundamental que se haga de manera responsable y sostenible.