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Escándalo por créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y legisladores oficialistas
09:38 |Los montos de los préstamos llegan hasta u$s350.000 y fueron aprobados bajo los requisitos habituales, según las autoridades del Banco Nación.
Un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas tuvieron acceso a créditos hipotecarios del Banco Nación por montos de hasta u$s350.000, según datos de la Central de Deudores del Banco Central. La información cobró estado público en las últimas horas y generó un escándalo político.
Entre los beneficiarios con las sumas más altas figuran Juan Pedro Inchauspe, miembro del directorio del Banco Central, y Felipe Núñez, asesor del Ministerio de Economía y director del BICE. Ambos funcionarios obtuvieron préstamos por el tope de la cifra al momento de la adjudicación.
La lista del equipo económico incluye además al actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un monto de u$s276.000. A su vez, los registros mencionan a Emiliano Mongilardi, del directorio de YPF, con más de u$s200.000, y a Juan Pablo Carreira, del área de comunicación, con unos u$s77.000.
El beneficio también alcanzó a diputados afines al Gobierno como Mariano Campero, Santiago Santurio y Lorena Villaverde, con sumas entre u$s200.000 y u$s240.000. Otros legisladores del mismo espacio aparecen con créditos cercanos a los u$s145.000.
Frente a las críticas, autoridades del Banco Nación afirmaron que los préstamos se aprobaron bajo los requisitos habituales, sin excepciones en el proceso. La entidad justificó la operatoria por la administración de las cuentas sueldos estatales y aclaró que aplicó el mismo método de análisis de ingresos, conocido como scoring, de forma estándar para todos los clientes.
La situación movilizó a la oposición legislativa ante posibles desigualdades en el acceso al crédito. El diputado Esteban Paulón presentó un proyecto para investigar si hubo condiciones especiales, conflictos de interés o fallas de control de la SIGEN respecto a la asistencia crediticia a personas políticamente expuestas.
La oposición cuestiona la transparencia del proceso y exige explicaciones sobre cómo se otorgaron estos créditos. Mientras tanto, el Gobierno se defiende argumentando que los préstamos se otorgaron de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.
La investigación en curso busca determinar si hubo irregularidades en la aprobación de estos créditos y si se favoreció a funcionarios y legisladores oficialistas en detrimento de otros ciudadanos que también necesitan acceso al crédito.
