Buscan prohibir la quema de neumáticos en toda la provincia de Buenos Aires

Un proyecto de ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires propone prohibir la quema de neumáticos en todo el territorio bonaerense, en un intento por frenar una práctica extendida que genera severos impactos ambientales y sanitarios.

La iniciativa establece, en su artículo 1°, la prohibición de la incineración de cubiertas, mientras que el artículo 2° amplía el alcance al impedir el depósito de neumáticos en desuso en espacios no habilitados. El objetivo es claro: ordenar la gestión de estos residuos y evitar focos de contaminación que afectan tanto al ambiente como a la salud pública.

Como eje estructural, el proyecto impulsa la creación de un Órgano de Control, Recolección y Reciclado de Neumáticos, que funcionará bajo la órbita de la autoridad de aplicación que determine el Poder Ejecutivo. Este organismo tendrá la tarea de coordinar políticas de disposición final, promover el reciclado y garantizar tratamientos adecuados para este tipo de residuos.

Además, la futura reglamentación deberá fijar un régimen de sanciones ante incumplimientos, establecer condiciones para la habilitación de depósitos y delimitar claramente los lugares donde estará prohibido el abandono de cubiertas.

La iniciativa, impulsada por la diputada Alejandra Lordén —quien retoma un proyecto presentado originalmente en 2016—, pone especial énfasis en los efectos nocivos de la quema de neumáticos, una práctica frecuente en contextos de protesta social.

En ese sentido, el texto aclara que no busca restringir el derecho a la manifestación, pero sí plantea la necesidad de compatibilizarlo con el derecho a un ambiente sano. Porque aparentemente respirar dioxinas no es una forma legítima de expresión política.

Entre los fundamentos, se advierte que la combustión de neumáticos libera sustancias altamente tóxicas, como dioxinas, furanos y metales pesados, capaces de provocar afecciones respiratorias, irritaciones y enfermedades de mayor gravedad. La exposición al humo, además, implica riesgos tanto para quienes participan de las protestas como para la población circundante.

El proyecto también señala los impactos ambientales de esta práctica, que incluyen la contaminación del aire, del suelo y de los alimentos, además de la generación de residuos que deterioran la infraestructura urbana y afectan la circulación vehicular.

Finalmente, la propuesta se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y establece la obligación del Estado de garantizar su protección.

En esa línea, la legisladora sostuvo que “resulta necesaria la intervención estatal para regular prácticas que afectan la salud colectiva y los ecosistemas”, en un escenario donde el humo negro dejó de ser una postal ocasional para convertirse en un problema estructural.