Denuncian presuntas irregularidades en el uso de un predio municipal y el conflicto escala en Pinamar

Un nuevo foco de conflicto político se abrió en Pinamar tras la denuncia presentada por el exsecretario de Turismo, Lucas Ventoso, contra el intendente Juan Ibarguren y el actual secretario de Gobierno, Francisco Martín Montes. La presentación ingresó al Honorable Concejo Deliberante (HCD) y pone bajo la lupa el uso de un espacio público municipal.

El planteo gira en torno a la actividad de una escuela de fútbol que funciona dentro del predio del Polideportivo. Según la denuncia, el lugar había sido cedido sin costo al Club Atlético San Vicente mediante un comodato, pero posteriormente habría sido utilizado con fines comerciales a través de un esquema de subcontratación.

De acuerdo con el escrito, Montes —quien en el momento de los hechos ocupaba el cargo de tesorero— habría intervenido en la firma de un acuerdo que permitió la explotación económica de la actividad. En ese marco, se habrían cobrado cuotas a los alumnos, generando ingresos que, según se detalla, eran percibidos en su mayoría por el concesionario.

La escuela, además, estaría vinculada a una filial de River Plate, y los pagos se habrían realizado tanto en efectivo como por medios electrónicos. Este punto suma un elemento más al cuestionamiento, al tratarse de una actividad arancelada desarrollada en un espacio público.

Ventoso también objetó que la propia Municipalidad haya difundido la propuesta a través de sus canales oficiales, lo que —según su interpretación— podría evidenciar una confusión entre lo público y lo privado.

Otro de los aspectos señalados es la duración del acuerdo, que habría contemplado un plazo de cinco años con opción de prórroga, consolidando un esquema de explotación sostenido en el tiempo.

Frente a este escenario, el exfuncionario solicitó que el Concejo Deliberante convoque a Ibarguren y a Montes a una interpelación formal para que brinden explicaciones. Además, advirtió que, en caso de detectarse irregularidades, los concejales podrían verse obligados a promover una denuncia penal.

El expediente ya fue incorporado al ámbito legislativo local y abre interrogantes sobre el rumbo que tomará el caso.