Buscan prohibir celulares en cárceles y crear un sistema digital controlado por el Estado

En un intento por ordenar uno de los puntos más críticos del sistema penitenciario bonaerense, el senador provincial Pablo Petrecca presentó un proyecto de ley que busca prohibir el uso de celulares particulares en las cárceles y reemplazarlo por un sistema de comunicación digital supervisado por el Estado.

La iniciativa apunta a desarticular un problema que, lejos de ser nuevo, se consolidó en los últimos años: el uso extendido de teléfonos móviles dentro de las unidades penitenciarias sin un marco legal claro ni mecanismos efectivos de control. Según se detalla en la propuesta, actualmente cerca de 49.000 personas detenidas se comunican bajo un esquema heredado del protocolo de emergencia sanitaria de 2020, que continúa vigente sin respaldo legislativo.

En ese contexto, el proyecto propone la creación del Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS), una plataforma institucional que funcionaría en una red cerrada, sin acceso a internet abierto ni redes sociales. El sistema permitiría únicamente comunicaciones con contactos previamente registrados y verificados, bajo condiciones de trazabilidad y monitoreo estatal.

“Las cárceles no pueden funcionar como plataformas para la comisión de delitos”, sostuvo Petrecca, al advertir sobre la proliferación de extorsiones, estafas y amenazas organizadas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.

De la excepción a la regla

El proyecto busca formalizar una situación que nació como medida excepcional durante la pandemia y que, con el paso del tiempo, se transformó en una práctica extendida sin regulación uniforme. La propuesta establece una implementación gradual del nuevo sistema, garantizando la continuidad de las comunicaciones, pero bajo control institucional.

A partir de su puesta en marcha, la tenencia de celulares privados quedaría prohibida y sería considerada falta grave, con impacto en beneficios penitenciarios como salidas transitorias o regímenes de libertad asistida.

Más control y supervisión

Entre los principales ejes del proyecto se incluyen herramientas de control que actualmente no existen en el sistema:

Informes anuales a la Legislatura

Control judicial de restricciones en plazos breves

Seguimiento institucional permanente

Convenios con empresas de telecomunicaciones para bloquear dispositivos no autorizados mediante IMEI

El objetivo es pasar de un esquema desordenado a una política pública con reglas claras, apoyada en tecnología y supervisión estatal.

Seguridad vs. derechos

Uno de los puntos centrales del debate gira en torno al equilibrio entre seguridad pública y derechos de las personas privadas de la libertad. En ese sentido, la iniciativa remarca que el derecho a la comunicación se mantiene, aunque bajo condiciones reguladas.

“El proyecto no elimina la comunicación: la ordena”, sostuvo el legislador, al tiempo que planteó la necesidad de evitar que ese derecho sea utilizado como herramienta para delinquir.

La propuesta también contempla un capítulo específico para el sistema penal juvenil, con reglas diferenciadas que garanticen la continuidad del vínculo comunicacional en contextos de encierro.

El debate se reactivó con fuerza tras un caso que dejó al descubierto la magnitud del problema: una investigación judicial vinculada a la muerte de un soldado voluntario permitió detectar una red de extorsión digital que operaba desde una cárcel bonaerense.

Según la información oficial, la organización captaba víctimas a través de perfiles falsos y ejecutaba maniobras extorsivas desde el interior del sistema penitenciario, evidenciando fallas estructurales en el control de las comunicaciones.