La Justicia Federal ordenó al Gobierno Nacional aplicar de manera "inmediata" la Ley de Financiamiento Universitario (27.795), aprobada en el Congreso el año pasado. La decisión fue tomada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, luego de que el Gobierno apelara la medida cautelar que lo obligaba a aplicar la ley.
La resolución se da en el marco de un reclamo conjunto del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas universidades públicas ante el desfinanciamiento del sector. El Gobierno había apelado la medida cautelar dictada en diciembre de 2025, luego de un amparo llevado adelante por el CIN, y la Cámara desestimó los argumentos del Gobierno, calificándolos de "poco serios".
La Ley de Financiamiento Universitario establece un aumento del presupuesto para las universidades nacionales, que se actualizará anualmente según la inflación. El Gobierno había suspendido la aplicación de la ley a través de un decreto, lo que motivó el reclamo de las universidades y el CIN.
La Cámara exigió que el Gobierno recompense a los docentes y no docentes de las universidades por la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre de 2025. Además, ordenó que se actualicen las becas estudiantiles y que se ponga en marcha el programa de infraestructura universitaria.
La resolución judicial es un triunfo para las universidades públicas y para la educación en general. La aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario es fundamental para garantizar la calidad de la educación y la investigación en el país.
El Gobierno deberá cumplir con la resolución judicial y aplicar la ley de inmediato. De lo contrario, podría enfrentar sanciones y reclamos adicionales por parte de las universidades y el CIN.
La situación en las universidades sigue siendo tensa, y la comunidad educativa espera que el Gobierno cumpla con la resolución judicial y garantice el financiamiento necesario para el funcionamiento de las casas de altos estudios.