La Justicia obliga al Gobierno a financiar las universidades: ordena aplicar de inmediato la ley votada por el Congreso

En un nuevo capítulo del conflicto entre el sistema universitario y el Gobierno nacional, la Justicia volvió a intervenir y esta vez lo hizo con una orden directa: cumplir la ley. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal falló a favor de las universidades públicas y exigió al Ejecutivo la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y Recomposición Salarial Docente.

La decisión judicial llega en un contexto de creciente tensión, con paros y medidas de fuerza en distintas universidades del país, donde docentes, no docentes y estudiantes reclaman por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro presupuestario.

El tribunal rechazó la apelación presentada por el Gobierno —a través de la Procuración del Tesoro— contra la cautelar que ya lo obligaba a implementar la norma. Esa medida había sido dictada en diciembre pasado por el juez federal Enrique Cormick, tras un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

En su resolución, la Cámara fue especialmente dura con los argumentos oficiales. Recordó que la ley fue aprobada con amplio respaldo parlamentario —dos tercios en ambas cámaras—, lo que le otorga plena legitimidad institucional. En ese marco, calificó como “poco serios” los planteos del Ejecutivo para justificar su incumplimiento.

Además, los jueces subrayaron que la suspensión de la ley mediante decreto resulta ilegítima y que no puede sostenerse frente a una norma sancionada por el Congreso. En términos prácticos, el fallo obliga al Gobierno a actualizar de inmediato los salarios de docentes y no docentes universitarios, así como también los montos de las becas estudiantiles.

Uno de los puntos clave del pronunciamiento fue el análisis del impacto fiscal. La Cámara desestimó el argumento oficial sobre el costo de la medida al señalar que la implementación de la ley representa apenas un 0,23% del PBI, un porcentaje que consideró marginal en relación con el presupuesto nacional.

El fallo no solo tiene implicancias económicas, sino también políticas e institucionales. En el fondo, vuelve a poner sobre la mesa una discusión incómoda pero bastante básica: si el Poder Ejecutivo puede desoír una ley sancionada por el Congreso sin consecuencias inmediatas.

Mientras tanto, en las universidades la situación sigue siendo crítica. Las clases continúan afectadas por medidas de fuerza y el conflicto promete escalar si no hay una respuesta concreta en los próximos días. Esta vez, con una orden judicial en la mesa, la pelota queda claramente del lado del Gobierno.