El reciente fallo de la Justicia estadounidense en la causa por la expropiación de YPF sumó nuevas repercusiones en el ámbito técnico. Daniel Martín, integrante del Tribunal de Tasaciones de la Nación y partícipe en la valuación de la petrolera en 2012, celebró la resolución y analizó sus alcances.
El especialista sostuvo que la expropiación se realizó conforme a la Ley de Declaración de Utilidad Pública, que estableció con precisión el alcance de la medida. Según explicó, el proceso respetó los parámetros fijados por la normativa argentina.
También remarcó que la tasación se centró exclusivamente en el 51% de las acciones pertenecientes a Repsol, tal como lo disponía la ley. En ese sentido, indicó que no correspondía incluir a otros accionistas en la indemnización, ya que no formaban parte del objeto expropiado.
Por otro lado, Martín subrayó la diferencia conceptual entre expropiación y compra. Señaló que la primera es una potestad del Estado prevista en la Constitución Nacional ,con indemnización previa, mientras que la segunda implica un acuerdo entre partes.
En relación con los criterios utilizados, explicó que no se aplicaron métodos de flujo de fondos, habituales en el sector privado, porque la normativa argentina impide indemnizar ganancias futuras hipotéticas. En su lugar, se adoptaron criterios patrimoniales, que fueron aceptados por la empresa afectada en aquel momento.
Desde una mirada más amplia, el ingeniero consideró que el fallo pone en evidencia la solidez técnica y jurídica de la actuación del Estado argentino. También destacó la continuidad del trabajo de la Procuración del Tesoro a lo largo de distintos gobiernos.
Además, evaluó que la resolución judicial revaloriza la decisión política adoptada en 2012 y respalda aspectos centrales de su instrumentación. Señaló que la recuperación de YPF fue sostenida como política de Estado por administraciones de distintos signos políticos.
Por último, planteó que, más allá de las instancias judiciales que puedan continuar, el resultado constituye un antecedente relevante. En un contexto internacional donde la energía ocupa un rol estratégico, consideró que estas definiciones fortalecen políticas de largo plazo basadas en criterios técnicos y jurídicos.