Deudores alimentarios: las inscripciones crecieron más del 100% en Buenos Aires tras la reforma

En la provincia de Buenos Aires, las inscripciones al Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) crecieron más de un 100% en los últimos años, en un contexto donde el incumplimiento de la cuota alimentaria dejó de ser una excepción para consolidarse como un problema estructural.

A un año de la entrada en vigencia de la Ley Nº 15.520, impulsada por el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense, los números muestran un salto contundente: de 1.020 personas registradas en 2021 se pasó a 3.659 en 2025. Actualmente, el padrón total asciende a 8.510 deudores.

El dato, lejos de ser una curiosidad estadística, funciona como un termómetro social. No es que de repente haya más incumplidores, sino que ahora es más difícil esconderse. La reforma introdujo un cambio clave: permite inscribir a los deudores desde el primer incumplimiento, incluso en el caso de cuotas provisorias. Antes, el sistema exigía al menos tres faltas —alternadas o consecutivas— y solo contemplaba cuotas definitivas, lo que en la práctica dilataba cualquier sanción.

Tolerancia cero y menos margen para el incumplimiento

Con el nuevo esquema, los tiempos se acortaron y las herramientas legales se fortalecieron. La inscripción en el RDAM ya no es el último recurso, sino una respuesta temprana frente al incumplimiento. En otras palabras, el mensaje es claro: la obligación alimentaria no es negociable.

Pero claro, endurecer las reglas también deja al descubierto lo que siempre estuvo ahí. El 97,43% de las personas inscriptas son varones. No es un detalle menor ni una casualidad incómoda: responde a una estructura de cuidados profundamente desigual.

Según datos oficiales, en la provincia de Buenos Aires el 66,5% de las mujeres no recibe la cuota alimentaria o la percibe de manera irregular. A eso se suma un dato igual de revelador: la mayoría de niñas y niños viven con sus madres, quienes además asumen casi en soledad las tareas de cuidado.

Una deuda que no es solo económica

El incumplimiento de la cuota alimentaria no es solo un problema legal o financiero. Es una forma concreta de desigualdad que impacta directamente en la vida cotidiana. Cuando el dinero no llega, tampoco llegan las oportunidades: se limita el acceso al trabajo, a la formación y al desarrollo profesional de quienes sostienen el cuidado.

En ese escenario, la deuda alimentaria se convierte en un factor que profundiza las brechas de género, perpetuando un esquema donde las mujeres cargan con la responsabilidad económica y emocional.

Sanciones que buscan cambiar conductas

La inclusión en el RDAM no es simbólica. Tiene consecuencias concretas: quienes figuran como deudores no pueden renovar la licencia de conducir, acceder a créditos de la banca pública, abrir cuentas bancarias, habilitar comercios ni inscribirse en el registro de aspirantes a adopción. Incluso, si acceden a cargos públicos, se activa la intervención judicial para embargar parte de sus salarios.

El objetivo es claro: generar incentivos reales para el cumplimiento. Porque si algo quedó demostrado es que la apelación a la responsabilidad individual, por sí sola, no alcanza.

Un problema estructural que empieza a visibilizarse

La actualización del registro se complementa con la Ley Nº 15.513, que agiliza los juicios por alimentos. Ambas normas apuntan a un mismo eje: acelerar los tiempos de respuesta del Estado y garantizar derechos básicos.

El crecimiento de las inscripciones puede leerse de dos maneras. Como un síntoma preocupante de la magnitud del problema o como una señal de que, finalmente, el Estado empezó a intervenir con mayor eficacia. Probablemente sea ambas cosas al mismo tiempo.

Lo incómodo, en todo caso, no son los números. Es lo que los números revelan.