Imputan a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito y ordenan medidas sobre su patrimonio

El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito y solicitó avanzar con una serie de medidas para examinar la evolución de su patrimonio y la consistencia de sus declaraciones juradas.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, en la que acusa al funcionario por fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

En la presentación judicial, se mencionan supuestas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis entre 2025 y 2026, que habrían derivado en un incremento patrimonial inconsistente.

Según la denuncia, una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios adjudicó a la empresa ATX S.A. un contrato por más de $3.650 millones para el envío de SMS. También se advierten presuntos vínculos societarios entre Adorni y firmas participantes.

En relación con la concesión de Tecnópolis, estimada en más de $183.300 millones y bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), se señaló un posible conflicto de interés por una relación comercial entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, y empresas vinculadas al proceso.

“Estas conexiones comerciales entre la mujer del ex vocero presidencial con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, podría configurar un entramado de relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, amplió Pagano.

El fiscal también puso bajo análisis un presunto “desproporcional incremento patrimonial”, con “severas discrepancias entre las declaraciones juradas”, además de la posible “omisión de activos financieros y depósitos en el exterior”.

Otro de los puntos a verificar es la presunta existencia de un inmueble no declarado en un country de Exaltación de la Cruz. En ese sentido, advirtió una posible “discordancia con la Declaración Jurada Patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción”.

Para avanzar en la causa, Pollicita requirió doce medidas de prueba, entre ellas pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Oficina Anticorrupción y a la ANSES.

Asimismo, solicitó que se libre oficio al Registro de la Propiedad bonaerense “a fin de que informe la titularidad de dominio, antecedentes registrales, gravámenes, restricciones, medidas cautelares, nomenclatura catastral y partida correspondiente al lote 380 del Country Indio Cuá Golf Club y/o a cualquier otro lote, unidad o inmueble ubicado dentro de dicho emprendimiento que registre a nombre de Manuel Adorni y/o Bettina Julieta Angeletti”.

La investigación quedó ahora bajo análisis del juzgado federal a cargo de Ariel Lijo, que deberá resolver si hace lugar a las medidas solicitadas por el Ministerio Público.