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El Gobierno envía la "Ley Hojarasca" al Congreso: busca depurar el sistema legal
El Ejecutivo busca eliminar normas obsoletas y reducir la burocracia como parte de la agenda de desregulación de Javier Milei.
El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de la denominada "ley Hojarasca", una iniciativa que busca eliminar normas consideradas obsoletas, sin aplicación práctica o incompatibles con la Constitución. El objetivo es simplificar el sistema legal y reducir la acumulación normativa.
La propuesta no es nueva: ya había sido presentada en 2024, pero perdió impulso con el tiempo. Ahora, el Ejecutivo busca derogar leyes que quedaron superadas por legislaciones posteriores o resultan obsoletas frente a avances tecnológicos.
El proyecto propone una depuración del digesto jurídico, incluyendo leyes que afectan libertades individuales o responden a lógicas de control incompatibles con el sistema democrático actual. Se incluyen disposiciones que penalizan conductas vinculadas al Estado y regulaciones consideradas anacrónicas.
Entre los ejemplos señalados por el Ejecutivo aparecen normas que van desde una ley del siglo XIX sobre carbón mineral hasta regulaciones sobre microfilmación y televisión en color. El argumento oficial sostiene que mantener estas normas aumenta la complejidad del sistema jurídico.
Otro eje del proyecto apunta a leyes que vulneran derechos fundamentales, como la internación obligatoria de personas con lepra. El Ejecutivo busca eliminar estas normas y avanzar en la desburocratización.
La "ley Hojarasca" se inscribe en la política de desregulación y reducción del aparato estatal impulsada por la gestión de Javier Milei. El objetivo es simplificar la actividad económica y la relación entre ciudadanos y Estado.
El proyecto pone el foco en normas que imponen trámites innecesarios o sostienen estructuras administrativas sin función real. El Ejecutivo busca dejar atrás un modelo basado en la acumulación normativa y la sobrerregulación.
La iniciativa busca avanzar hacia un esquema centrado en la libertad individual, la responsabilidad personal y la eficiencia en el uso de los recursos públicos, concluyeron desde la Casa Rosada.
