A 50 años del golpe, la Provincia toma la posta en las políticas de memoria

La provincia de Buenos Aires decidió hacerse cargo de algo que, en un escenario mínimamente lógico, no debería estar en discusión: garantizar la continuidad del trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), clave en la identificación de personas desaparecidas durante la última dictadura.

En el marco del 50° aniversario del golpe cívico-militar, el gobernador Axel Kicillof encabezó una actividad en el ex centro clandestino de detención “Destacamento Arana”, en La Plata, hoy convertido en Espacio para la Memoria. Allí firmó un convenio para sostener las investigaciones del EAAF en Mar del Plata y Magdalena, en medio del ajuste y recorte de políticas de derechos humanos a nivel nacional.

El gesto no es solo administrativo. Es político, y bastante explícito.

“Estamos frente a un Gobierno nacional que no solo es negacionista del terrorismo de Estado, sino que además muestra una clara vocación por desfinanciar y eliminar todas las políticas de derechos humanos”, lanzó Kicillof, sin rodeos. Y completó con una frase que deja en evidencia el trasfondo del acuerdo: la Provincia no puede reemplazar al Estado nacional, pero tampoco va a dejar que las investigaciones se frenen.

Traducido: alguien tiene que hacerse cargo.

El convenio con el EAAF apunta a sostener tareas de búsqueda e identificación de restos de desaparecidos, un trabajo científico y judicial que lleva décadas y que, lejos de estar cerrado, sigue arrojando resultados. Cada identificación no es solo un dato forense: es una historia que vuelve a tener nombre, una familia que deja de esperar en abstracto.

Durante la recorrida en Arana, uno de los centros clandestinos que integran la red de sitios de memoria bonaerenses, el gobernador insistió en que estos espacios no son solo recordatorios del horror, sino herramientas activas para la construcción democrática. En criollo: no están para la foto, están para que nadie se haga el distraído con lo que pasó.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, reforzó esa línea. Señaló que la Provincia seguirá impulsando querellas en causas por crímenes de lesa humanidad y advirtió algo que incomoda porque es cierto: ninguna conquista en materia de derechos humanos está garantizada para siempre.

Ahí es donde aparece la tensión de fondo. Porque mientras desde Nación se recortan programas y se relativiza el terrorismo de Estado, en la Provincia se intenta sostener —con recursos propios— una política que históricamente fue de carácter federal.

El ex juez español Baltasar Garzón, presente en la actividad, aportó una mirada que, viniendo de alguien que investigó crímenes de lesa humanidad en distintos países, suena menos a discurso local y más a advertencia global: la memoria y la democracia no son estados permanentes, son procesos que hay que defender todo el tiempo. Cada generación decide si los sostiene o los deja caer.

Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno, fue directo al punto: en el actual contexto, la Provincia se posiciona como uno de los principales sostenes de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Y los espacios como Arana funcionan, además, como lugares de transmisión para nuevas generaciones que no vivieron la dictadura pero sí viven sus consecuencias.

En la actividad también participaron sobrevivientes, familiares de detenidos desaparecidos y organismos de derechos humanos. Presencias que, a esta altura, ya no son simbólicas sino estructurales: sin ellas, gran parte de la memoria institucional simplemente no existiría.