La paralización de la Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos Cloacales en Saladillo expone, una vez más, los cortocircuitos entre Nación, Provincia y municipios en la gestión de la obra pública. A más de un año de iniciado el reclamo formal para rescindir el contrato, el intendente José Luis Salomón sigue sin respuestas del Gobierno nacional, mientras la infraestructura permanece detenida desde octubre de 2024.
El jefe comunal ha reiterado gestiones ante autoridades nacionales para destrabar la situación, pero el expediente continúa sin resolución. El problema no es técnico ni presupuestario en primera instancia, sino administrativo: sin la rescisión formal del contrato vigente, ni el municipio ni la empresa contratista pueden avanzar en una nueva etapa del proyecto.
En ese contexto, en las últimas horas Salomón mantuvo una reunión en el Ministerio de Infraestructura bonaerense con el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez. Del encuentro también participaron el secretario de Obras y Servicios Públicos, Guillermo Candia, y la arquitecta Anabella Fasano, con el objetivo de definir alternativas para reactivar la obra.
Desde el municipio explicaron que el pedido de rescisión se tramita desde marzo de 2025 en conjunto con la empresa adjudicataria. Ese paso es clave para “liberar” la obra y habilitar nuevas fuentes de financiamiento. Sin embargo, la falta de definición por parte de Nación mantiene el proyecto en un escenario de indefinición jurídica que impide cualquier avance concreto.
La situación genera un cuello de botella institucional: mientras la Provincia manifiesta voluntad política para retomar y finalizar la obra, no puede intervenir sin que antes se resuelva el vínculo contractual con el Estado nacional. Así lo dejó en claro Álvarez durante el encuentro, al señalar que existe una partida presupuestaria dispuesta por el ministro Gabriel Katopodis, pero condicionada a la regularización administrativa.
La planta cloacal es considerada una obra estratégica para Saladillo, no solo por su impacto ambiental sino también por su incidencia directa en la calidad de vida de la población. Su paralización prolongada no solo posterga soluciones estructurales, sino que también evidencia las dificultades de articulación entre distintos niveles del Estado.