Durante enero, las transferencias totales a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires registraron una caída real del 2,24% interanual, lo que equivale a una pérdida de poder adquisitivo cercana a $10.308 millones. Un número que no es solo técnico: es plata que no llega a servicios básicos, salarios o asistencia social.
El dato duele más cuando se lo pone en contexto. Aunque el gobierno provincial transfirió $450.230 millones, lo que implica una suba nominal del 29,4%, la inflación interanual del 32,4% terminó licuando esos recursos. Traducción simple: entró más plata, pero alcanza para menos.
El principal golpe lo sufrió la Coparticipación Bruta, que representa el 80,7% de los fondos municipales. En términos reales, los distritos recibieron $42.051 millones menos que en enero de 2025.
Esto genera un efecto bastante incómodo: al caer los fondos de libre disponibilidad, los intendentes quedan cada vez más atados a partidas específicas como el Fondo Educativo o el de Fortalecimiento Municipal. Plata que llega, sí, pero con destino ya marcado.
Resultado: menos capacidad para pagar sueldos, sostener servicios o responder a emergencias locales. Una especie de corset fiscal que aprieta justo cuando más se necesita flexibilidad.
El Coeficiente Único de Distribución (CUD), esa fórmula que define cuánto recibe cada municipio, debutó este año con cambios que generaron ganadores y perdedores. Pero no logró revertir el problema estructural: la caída general de recursos.
Algunos distritos lograron surfear la ola:
Carmen de Areco (+13,77%)
Chacabuco (+9,93%)
Capitán Sarmiento (+8,12%)
Pergamino (+7,47%)
Estos municipios, gracias a mejoras en sus indicadores (salud, población, etc.), lograron crecer incluso por encima de la inflación.
Pero del otro lado, el ajuste pegó fuerte, especialmente en distritos grandes:
Pinamar (-10,97%)
San Isidro (-10,74%)
Vicente López (-9,88%)
Malvinas Argentinas (-8,67%)
Luján (-6,56%)
Tigre (-3,47%)
O sea, no solo hay menos recursos: además están peor repartidos para algunos.

El cuadro elaborado por PPA muestra con crudeza la dispersión: mientras algunos municipios crecen a dos dígitos, otros caen más de 10 puntos. La desigualdad territorial se profundiza, y el sistema de reparto no logra compensarla.
El informe advierte sobre un riesgo que ya no es teórico: el debilitamiento de los recursos de libre disponibilidad.
Y acá está el verdadero problema, el que nadie quiere decir en voz alta:
cuando los municipios pierden autonomía financiera, también pierden capacidad de gestión.
Eso se traduce en:
Dificultades para pagar salarios
Recorte o deterioro de servicios
Mayor dependencia de la provincia
Menor respuesta ante demandas sociales crecientes
Todo en un contexto donde la crisis económica empuja más gente hacia los municipios en busca de ayuda.
Los intendentes están haciendo lo que pueden: ajustar, priorizar, patear pagos, renegociar. Pero el margen se achica.
El CUD redistribuye, sí. Pero no genera recursos nuevos. Y cuando la torta se achica, discutir cómo se reparte empieza a ser casi un detalle incómodo.
Mientras tanto, la demanda social crece, la inflación no afloja y los municipios quedan en el medio, como esa capa intermedia del Estado que todos necesitan… pero que nadie parece financiar en serio.