Amparo contra la reforma laboral: pescadores judicializan cambios que afectan convenios y derecho a huelga

La presentación apunta contra dos ejes centrales de la normativa ya promulgada: la exclusión del sector pesquero de la Ley de Contrato de Trabajo y la incorporación de la actividad dentro de la categoría de “personal trascendental”, lo que implica restricciones al derecho a huelga.

Desde el gremio advirtieron que ambos puntos configuran un retroceso en materia de derechos laborales y alteran de forma sustancial las condiciones históricas del sector.

Fuera de la Ley de Contrato de Trabajo: el núcleo del conflicto

Uno de los aspectos más cuestionados es la eliminación del personal embarcado del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, lo que, según el secretario general del Simape, Pablo Trueba, deja a los trabajadores “bajo un régimen más antiguo y con menores garantías”.

La consecuencia inmediata, alertan, es que los convenios colectivos actuales podrían quedar en una situación de fragilidad. Una vez vencidos, los trabajadores se verían obligados a renegociar condiciones laborales en un escenario menos regulado, incluso con la posibilidad de discutir acuerdos “barco por barco”.

“Nos sacan de la ley laboral general y nos llevan a un esquema mucho más viejo”, sostuvo Trueba, quien además planteó que la medida vulnera principios constitucionales vinculados a la protección del trabajo.

El dirigente también cuestionó la posibilidad de suspender acuerdos vigentes y forzar nuevas negociaciones, al considerar que se trata de una “intromisión estatal en la autonomía de las partes”.

Derecho a huelga limitado: el impacto de la categoría “trascendental”

El segundo punto crítico del amparo se centra en la incorporación de la actividad marítima dentro de las denominadas tareas “trascendentales”. Esta calificación obliga a garantizar un nivel mínimo de prestación del 50% durante medidas de fuerza.

En términos prácticos, eso restringe la capacidad de los trabajadores de llevar adelante huelgas efectivas, una herramienta histórica de presión sindical.

El planteo del Simape sostiene que esta limitación vulnera el derecho constitucional a la protesta y altera el equilibrio en la negociación colectiva.

Escenario judicial abierto y posible efecto dominó

La Justicia Federal deberá ahora evaluar la admisibilidad del amparo y resolver si corresponde declarar la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados. Mientras tanto, el sindicato ya anticipó que no descarta nuevas acciones legales.

El conflicto no se limita a una sola organización. Desde el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) ya habían advertido, antes de la aprobación de la ley, que acudirían a la Justicia si la norma entraba en vigencia, lo que sugiere un posible efecto cascada de litigios en el sector.