El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, está llevando a cabo una profunda reestructuración de la Secretaría de Trabajo, que incluye el cierre de todas sus delegaciones territoriales y el despido de 1.600 empleados. Esta medida forma parte del plan de la gestión libertaria para achicar la estructura de la Secretaría.
Las agencias territoriales, distribuidas en todas las provincias del país, garantizaban una cobertura federal en materia de trabajo y empleo. Sus principales tareas eran habilitar bocas de trámites, asistir y orientar a trabajadores, empleadores, cooperativas, sindicatos y otros actores del ámbito laboral.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había declarado "alerta máxima" en la Secretaría de Trabajo, frente a los rumores de despidos que finalmente se concretarían en las próximas horas. El gremio que lidera Rodolfo Aguiar había denunciado que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, buscaba llevar adelante un vaciamiento estructural de la cartera.
El cierre de las delegaciones no solo afecta a los 1.600 trabajadores despedidos, sino que también abandona la fiscalización laboral y la mediación en conflictos en el interior del país. La ATE ha convocado a una movilización a la sede central de la cartera laboral para rechazar la medida.
El gobierno argumenta que el desguace es necesario para reducir el gasto público y simplificar la estructura administrativa. Sin embargo, el gremio denuncia que la medida busca eliminar controles a las grandes patronales y perjudicar a los trabajadores.
La situación es crítica, y la ATE ha expresado su intención de defender los puestos de trabajo y las políticas públicas de la Secretaría de Trabajo.
La medida ha generado incertidumbre y temor entre los trabajadores, que ven en peligro sus fuentes de empleo y la continuidad de las políticas laborales en el país