La Corte Suprema escuchó el reclamo de la Provincia por los recortes de fondos de Anses

La Corte Suprema de Justicia avanzó este martes en el tratamiento de uno de los conflictos más sensibles entre la Nación y la provincia de Buenos Aires: el recorte de fondos previsionales de la Anses destinados a cubrir los déficits de las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.

La audiencia se realizó en el marco de la demanda presentada por el gobierno de Axel Kicillof, que cuestiona la constitucionalidad del DNU 280/2024 firmado por el presidente Javier Milei. Esa norma dejó sin efecto la prórroga de artículos clave de la Ley de Presupuesto 2023, lo que en la práctica implicó la suspensión de transferencias automáticas hacia las provincias.

El eje del reclamo bonaerense es claro: exigir que el Estado nacional restablezca los envíos de fondos y actualice las compensaciones por los déficits previsionales. Según la presentación judicial, la deuda acumulada por este concepto superaría los 2,2 billones de pesos.

Durante la audiencia, los jueces del máximo tribunal escucharon las posiciones de ambas partes: por un lado, funcionarios del Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, y por el otro, representantes de la administración bonaerense.

La delegación provincial estuvo encabezada por el ministro de Economía, Pablo López, junto al fiscal de Estado Hernán Gómez, la titular del Instituto de Previsión Social, Mariana Moretti, y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Tras el encuentro, López sostuvo que la Provincia logró exponer su planteo ante la Corte y destacó un incipiente compromiso de la Nación para abordar el conflicto. “Pudimos plantear el reclamo en relación a la deuda que el Gobierno nacional mantiene con nuestra Provincia. El Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril. Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento”, afirmó.

La convocatoria judicial fue interpretada por el gobierno bonaerense como un avance en un escenario que hasta ahora estaba marcado por la falta de diálogo institucional con la administración nacional.

En paralelo, la Provincia sostiene una ofensiva judicial más amplia: ya presentó otras seis demandas contra el Gobierno nacional por recortes en distintas áreas, entre ellas seguridad, transporte y financiamiento educativo.

Según cifras oficiales, la deuda total de Nación con Buenos Aires —incluyendo transferencias no automáticas y obras paralizadas— asciende a unos 15,6 billones de pesos. Un número que, más que una cifra técnica, funciona como termómetro del nivel de tensión política y fiscal entre ambas gestiones.

El trasfondo del conflicto no es menor. Desde la Provincia advierten que la caída de la recaudación producto de la recesión agrava la situación financiera, mientras que el esquema de coparticipación sigue siendo un punto de disputa estructural: Buenos Aires aporta cerca del 38% de los recursos, pero recibe apenas el 7%, en tanto la Nación concentra el 70%.