Personal presentó un amparo para no cumplir una ordenanza que exige garantizar comunicaciones en emergencias

La normativa había sido aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante local tras las graves inundaciones que afectaron a la región en los últimos años.

La medida judicial de la empresa generó cuestionamientos en el ámbito político local. El autor de la iniciativa, el jefe del bloque de concejales de La Libertad Avanza, Carlos Alonso, calificó la decisión de la compañía como un “golpe bajo” para la ciudadanía.

Según explicó el edil, la presentación judicial implica que la firma busca evitar la obligación de sostener el servicio de telefonía y datos en los momentos más críticos, justamente cuando las comunicaciones se vuelven esenciales para la seguridad de la población.

“Es bastante raro lo que ha pasado: la lectura simple de esta presentación judicial es que la empresa, básicamente, no quiere prestar el servicio en los momentos críticos”, sostuvo Alonso.

El antecedente de las inundaciones

El debate surge luego del fuerte temporal que afectó a Bahía Blanca el 7 de marzo de 2025, cuando intensas lluvias provocaron inundaciones que dejaron a numerosos barrios bajo el agua y a miles de vecinos aislados. Las imágenes de familias refugiadas en los techos de sus viviendas recorrieron el país y expusieron la fragilidad de la infraestructura urbana frente a eventos climáticos extremos.

En ese contexto, el concejal recordó una escena que marcó el espíritu del proyecto: “Me quedó grabada la foto de un vecino en General Cerri que estaba en el techo asustado, como tantos otros. Qué fácil hubiera sido para él, si la empresa garantizara el servicio, mandar un mensaje para avisar que estaba a salvo y transmitirle tranquilidad a su familia”.

Sin embargo, aseguró que durante esos episodios el sistema de comunicaciones colapsó. “En Bahía Blanca, cuando hay una catástrofe, el servicio de telefonía deja de existir”, afirmó.

Qué establece la ordenanza

La ordenanza municipal fue impulsada tras los temporales e inundaciones que afectaron a la región en 2023 y 2025. La normativa obliga a las empresas de telecomunicaciones a implementar sistemas de respaldo que permitan mantener operativas las redes incluso durante emergencias.

Entre las exigencias se incluyen la instalación de grupos electrógenos, la disponibilidad de antenas portátiles y otros mecanismos técnicos que permitan sostener la conectividad cuando se registran cortes de energía o daños en la infraestructura.

Alonso señaló que la iniciativa se inspiró en experiencias internacionales implementadas en países como Chile, Estados Unidos, Canadá y Australia, donde las operadoras están obligadas a garantizar la continuidad del servicio durante desastres naturales.

“Sorprende ingratamente que una empresa que lucra con el servicio en Bahía Blanca diga ‘no quiero garantizarle el servicio a los bahienses’ después de todas las catástrofes que pasamos”, sostuvo el concejal.

Y agregó: “El Estado no debe asfixiar a las empresas, pero las empresas deben cumplir con su responsabilidad básica: que el servicio funcione y máxime cuando la vida de la gente está en juego”.

Ahora será la Justicia la que deba resolver si la ordenanza municipal puede aplicarse o si la empresa queda exceptuada de cumplir con estas obligaciones en situaciones de emergencia.