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Revés judicial para el Colegio de Farmacéuticos
La Justicia desmiente la denuncia de la entidad contra un sindicato y abre la puerta a reclamos por daños y perjuicios
El Colegio Oficial de Farmacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) sufrió un revés judicial al desestimarse la denuncia que había presentado contra el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB).
La denuncia, impulsada por el director del colegio, Claudio Ucchino, sostenía que dos trabajadores no estaban afiliados al sindicato, pero la Justicia determinó que sí lo estaban. Las pruebas presentadas, incluyendo pericias caligráficas y documentación, demostraron la afiliación de los trabajadores.
El fallo judicial no solo desestimó la acusación, sino que también dejó al descubierto inconsistencias en la estrategia legal del colegio. La situación genera malestar entre matriculados y trabajadores, ya que los costos del litigio y de una posible reparación económica podrían recaer sobre los recursos de la propia institución.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa la conducción del Colegio de Farmacéuticos porteño y el manejo de conflictos laborales dentro de la entidad. Fuentes del sector sostienen que el caso expone una combinación de mala praxis jurídica, decisiones administrativas cuestionables y una disputa abierta con el sindicato profesional.
La Justicia determinó que la acusación impulsada por el colegio carecía de sustento, lo que podría derivar en problemas legales para los empleados involucrados y para la propia institución.
El revés judicial abre la puerta a reclamos por daños y perjuicios contra el colegio, lo que podría tener consecuencias económicas y reputacionales para la entidad.
La situación es un golpe para la credibilidad del Colegio de Farmacéuticos y pone en duda la gestión de sus autoridades.
El caso también plantea interrogantes sobre el manejo de los recursos de la institución y la transparencia en la toma de decisiones.
En off, afiliados del colegio aseguran que esta es una típica situación de abuso patronal en tiempos de Milei, y que la institución no quiere a sus trabajadores sindicalizados y defendiendo sus derechos. Ahora, después de enfrentar un juicio, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia.
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