Con una deuda millonaria de Nación y cajas al límite, intendentes resisten la ofensiva libertaria por las tasas

La discusión por las tasas municipales en la provincia de Buenos Aires no empezó en un concejo deliberante ni en una tasa vial. Empezó antes, en un escenario de ahogo fiscal que los intendentes vienen describiendo desde hace meses y que el kirchnerismo provincial tradujo en una cifra política de alto impacto: $14,7 billones. Ese es el monto que, según el peronismo bonaerense, la Nación le adeuda a la Provincia entre fondos retenidos, obligaciones discontinuadas y obras paralizadas.

Sobre esa base -el mes pasado- se montó la respuesta de la diputada provincial Mayra Mendoza cuando el Gobierno nacional lanzó el portal para exhibir tasas municipales. La dirigente de La Cámpora acusó a la Casa Rosada de “caradura” y planteó que mientras Nación abandona obligaciones en seguridad, obras públicas y otras áreas sensibles, los municipios terminan cubriendo la demanda cotidiana de los vecinos con recursos cada vez más limitados.

Ese punto es central para entender el conflicto. La ofensiva libertaria no cae sobre municipios ordenados y holgados, sino sobre administraciones locales que llegan a este debate con recaudación debilitada, caída de la actividad y mayor presión social. En otras palabras: la pelea por las tasas no se da en abstracto, sino en medio de una crisis de financiamiento.

El portal de Adorni y una estrategia para poner a los intendentes en la mira

El Gobierno nacional convirtió esa discusión en una escena política concreta con el lanzamiento del sitio “Enterate de lo que pagás en tasas”, un mapa interactivo con información sobre tributos locales de 188 municipios de 23 provincias. El portal, además de exhibir alícuotas y montos, habilitó un canal para que los ciudadanos denuncien online aquellas tasas que consideren excesivas o irregulares.

La herramienta fue presentada como un ejercicio de transparencia tributaria, pero en los hechos abrió un nuevo frente con los intendentes, especialmente los opositores. No sólo porque visibiliza cuánto cobra cada distrito, sino porque pone a los municipios a responder en el terreno más sensible de todos: el bolsillo del contribuyente.

El dato no es menor. La información publicada por la Jefatura de Gabinete se armó con ordenanzas fiscales y tarifarias y con relevamientos de sitios oficiales municipales actualizados al 31 de marzo de 2025. Es decir, no sólo se transparentan tributos: también se ordena una narrativa política sobre ellos.

La avanzada bonaerense: 116 municipios bajo presión

En la provincia de Buenos Aires, esa estrategia encontró una pata territorial clara. La Libertad Avanza desplegó con su acostumbrada furia, una ofensiva en 116 municipios bonaerenses, con un paquete de iniciativas para recortar el esquema de financiamiento local. Según el material difundido, los libertarios impulsaron 138 proyectos para eliminar tasas y 122 para reducirlas, mientras que en otras comunicaciones del propio espacio se habla de 269 medidas en total. El mensaje de fondo es el mismo: bajar presión fiscal local y exponer lo que presentan como tributos “absurdos” o “sin contraprestación”.

El armado fue coordinado políticamente por Sebastián Pareja, uno de los hombres fuertes de LLA en la provincia, y se transformó en una línea de acción simultánea en los concejos deliberantes. No se trata solamente de una agenda tributaria. También es una maniobra política para poner a los intendentes a la defensiva, obligarlos a explicar cada tasa y correr el eje del debate desde la macroeconomía nacional hacia la caja municipal.

Ahí está una de las claves del conflicto. La Libertad Avanza sabe que no en todos los distritos tiene fuerza para imponer cambios, pero igual instala el tema, genera ruido público y empuja a las comunas a justificar tributos en un contexto donde cualquier carga extra genera malhumor social.

El mapa de las tasas y la construcción de un relato

El relevamiento difundido por el portal y analizado por Infobae les dio a los libertarios una herramienta adicional: casos concretos para construir su relato. En ese esquema aparecen municipios bonaerenses con gravámenes altos en rubros muy visibles.

En el caso de la tasa vial, que grava la carga de combustibles, el informe marcó que hay unos 30 municipios bonaerenses que la cobran. Entre los valores más bajos aparecen Marcos Paz, con 0,8% para diésel y naftas y 0,4% para GNC, y luego Tigre y Escobar, ambos con 0,9%. También se remarcó que no todos los municipios cobran esta tasa y se puso como ejemplo a Tres de Febrero, distrito asociado al discurso libertario de baja tributaria.

En la tasa a entidades financieras, el municipio con el porcentaje más alto del país es Bahía Blanca, con 8,5%. Más abajo figuran otros distritos bonaerenses como La Matanza y La Plata, ambos con 7,5%. En algunos casos también aparecen montos fijos muy altos, como Hurlingham, que fijó $41,5 millones.

En la tasa a hipermercados, la lista también deja a varios bonaerenses en el centro del tablero: Lanús figura con 6%, Pilar con 4,5%, Quilmes con 3,74% y Hurlingham con 3,5%. En el extremo más bajo aparece Presidente Perón, con 0,3%.

Ese mapa no es neutral. La Nación lo usa para exhibir diferencias, ordenar comparaciones y reforzar la idea de que hay municipios que cobran de más. Y LLA provincial lo aprovecha para instalar que detrás de muchas tasas no hay servicios claros, sino una necesidad desesperada de recaudar.

Cañuelas y Pinamar:  escenas  para la narrativa libertaria

En ese marco aparecieron dos casos que La Libertad Avanza buscó capitalizar políticamente: Cañuelas y Pinamar.

En Cañuelas, la polémica giró alrededor de la tasa de desinfección al transporte público de pasajeros. Según la denuncia libertaria, el municipio no tenía personal especializado, equipamiento ni estructura operativa para realizar ese servicio. Es así como la intendenta Marisa Fassi dispuso por decreto la eximición del 100% de la tasa mensual que pagaban remises, taxis y combis. Desde el bloque libertario local y desde el propio Pareja se leyó ese movimiento como una prueba de que la presión política funcionaba.

En Pinamar, el Concejo Deliberante aprobó la derogación de la tasa vial del 3% sobre combustibles. La Libertad Avanza bonaerense también se la anotó dentro de su campaña de eliminación de tasas, bajo el argumento de que se trataba de un alivio para vecinos, turistas y sectores productivos.

Lo importante, sin embargo, no es sólo el hecho administrativo sino cómo se narra. Los libertarios presentan estos episodios como victorias propias y como ejemplo de que los municipios retroceden cuando quedan expuestos. Los intendentes y sus entornos intentan bajarle ese tono y mostrar esas decisiones como correcciones puntuales o medidas de gestión. Pero políticamente el daño está hecho: cada caso funciona como mensaje disciplinador para el resto de los distritos.

La respuesta de los intendentes: “No cobramos impuestos, cobramos tasas”

Frente a esa ofensiva, la reacción de los jefes comunales fue rápida y bastante transversal. El intendente de Morón, Lucas Ghi, salió a marcar una diferencia que el peronismo y buena parte del municipalismo repite como mantra: los municipios no cobran impuestos, cobran tasas, y esas tasas suponen una contraprestación.

Ghi lo explicó con una frase que sintetiza el argumento defensivo de los intendentes: “Tenemos tasas, lo que supone por su naturaleza jurídica una contraprestación asegurada. Nosotros no podemos imponer. Tenemos que generar una tasa que viene añadida con un servicio”.

Pero además sumó un dato político fuerte: de cada diez pesos que paga un ciudadano en términos impositivos, entre 6,5 y 7 pesos son de carácter nacional, poco más de 2 pesos corresponden al nivel provincial y alrededor de 1 peso queda para el municipio. En un contexto donde el consumo cae y la actividad se frena, ese peso municipal se vuelve decisivo para sostener servicios.

La respuesta de otros intendentes fue en la misma dirección, aprovechando además como escenario, la apertura de la actividad legislativa en los Concejos Deliberantes, para poner en conocimiento real a la ciudadanía en sus mensajes anuales. Guillermo Britos, de Chivilcoy, advirtió que “los 135 municipios van a rechazar este disparate”, mientras el radical Franco Flexas, de General Viamonte, cuestionó que la propuesta venga de dirigentes que “no conocen la realidad de los municipios”. Incluso en sectores no alineados con el peronismo apareció la misma preocupación: bajar tasas sin reemplazar recursos puede afectar la prestación básica de servicios.

Bianco y Nanni: la contraofensiva política del peronismo

El gobierno bonaerense buscó darle densidad técnica y política a esa defensa. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, calificó la avanzada de LLA como una “operación de distracción” y advirtió que avanza sobre la autonomía fiscal de los municipios. Para sostener su posición citó datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), según los cuales el 93,6% de la carga tributaria que enfrenta la producción agropecuaria corresponde a tributos nacionales, el 5,7% a impuestos provinciales y apenas el 0,7% a tasas municipales.

Bianco sumó además un estudio del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP, dirigido por Agustín Lodola, que ubica estos gravámenes en torno al 0,9% del valor agregado bruto de las cadenas productivas argentinas. La conclusión política del funcionario fue tajante: no es cierto que el problema de competitividad de la producción esté en las tasas municipales.

En una línea similar se expresó el diputado bonaerense de Unión por la Patria Diego Nanni, exintendente de Exaltación de la Cruz. Para él, el debate impulsado por LLA busca “tapar la crisis económica del país” y reemplazar las discusiones de fondo, como la caída del trabajo, los despidos, el freno del consumo y la producción, por una polémica de alto impacto mediático pero escaso rigor estructural.

El ahogo real: recaudación en baja, demandas en alza

La defensa de los intendentes no es sólo corporativa. También es material. Los municipios están defendiendo uno de los pocos instrumentos propios que les quedan para financiarse en un contexto donde casi todas las variables juegan en contra.

La recaudación local cae porque cae la actividad. El consumo se retrae, las habilitaciones aflojan, el comercio vende menos, la industria se enfría. Y al mismo tiempo suben las demandas que llegan al municipio: asistencia social, mantenimiento urbano, seguridad vial, servicios sanitarios, alumbrado, recolección de residuos. El resultado es un cóctel conocido pero ahora más agudo: menos ingresos y más obligaciones.

Por eso la discusión sobre tasas pega tan hondo. Porque lo que sucede es que la presión toca el nervio de la supervivencia municipal. Los intendentes saben que hay tasas difíciles de defender y que algunos casos pueden quedar mal parados ante la opinión pública. Pero también saben que si esa discusión se vuelve una cacería general contra toda fuente de recaudación local, el riesgo no es sólo político: es operativo.

Cuando la presión llega también desde los privados

La escena se complejiza aún más porque el malestar por las tasas no surge sólo del discurso libertario. Algunos sectores privados también empezaron a ponerlas en cuestión. Uno de los casos más claros fue el de los colegios privados bonaerenses nucleados en AIEPA, que denunciaron que en 2026 algunos municipios aumentaron hasta 100% ciertos gravámenes.

El ejemplo más visible volvió a ser Pilar, donde la ordenanza 112/25 elevó 100% la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene para varios rubros, incluido el educativo, al pasar de 0,015% a 0,03% del total de la facturación. A eso se sumó una contribución obligatoria de $7.500 mensuales por empleado pyme, una categoría en la que también quedan encuadradas muchas escuelas privadas.

Según AIEPA, una institución mediana puede llegar a pagar entre $1,5 y $2 millones por mes en tasas municipales, es decir, más de $20 millones al año, en medio de aumentos de servicios, atraso en la actualización de cuotas y caída de matrícula. Ese dato le agrega complejidad al argumento de los intendentes: no toda crítica a las tasas es puro marketing libertario, porque hay actores reales sintiendo el peso de esos costos.

Una disputa por la caja, pero también por el sentido de la crisis

Lo que se juega en esta pelea no es sólo cuánto cobra un municipio, sino quién queda señalado como responsable de la crisis cotidiana que responde a multicausales en un contexto más amplio. En ese marco, La Libertad Avanza intenta correr el foco desde el ajuste nacional hacia las tasas locales, transformar cada tributo en prueba de abuso y poner a los intendentes a explicar por qué cobran cuando la gente siente que no llega a fin de mes.

Los municipios responden que el planteo es tramposo: se los cuestiona justo cuando están absorbiendo demandas que antes atendía Nación o la Provincia, y cuando el deterioro macroeconómico les licúa la recaudación propia. Por eso Bianco habla de distracción y por eso Nanni dice que buscan tapar la crisis del país.

En el fondo, la ofensiva libertaria tiene un objetivo doble. Por un lado, desgastar a los intendentes, sobre todo a los opositores. Por otro, instalar una discusión cultural sobre el tamaño del Estado también en el nivel municipal. La pregunta es si esa discusión puede darse sin romper el financiamiento básico de las comunas.

Los intendentes, en el centro de una pinza

Entre la deuda que la Provincia le reclama a Nación, el freno de fondos, la caída de la actividad y la presión política de LLA, los intendentes bonaerenses quedaron atrapados en una pinza. Son la cara más visible del Estado para los vecinos, pero también el eslabón más débil de la cadena fiscal. No recaudan como Nación, no emiten, no manejan grandes resortes macroeconómicos, pero sí tienen que barrer, alumbrar, asistir, mantener, contener y responder.

La Libertad Avanza encontró ahí un blanco eficaz. Cada tasa discutible se convierte en una oportunidad de desgaste. Cada corrección o eximición es leída como retroceso. Cada intendente queda obligado a defender no sólo una ordenanza, sino toda una forma de financiar la gestión en tiempos de escasez.

Por eso la pelea recién empieza. Y por eso también, detrás de la discusión técnica sobre tasas, lo que asoma es una disputa mucho más profunda: quién paga el costo político y financiero de una crisis que sigue bajando desde arriba, pero explota cada vez más abajo.