Celulares en cárceles de la PBA: un proyecto para frenar la extorsión

La iniciativa, respaldada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, apunta a dejar sin efecto el "Protocolo para el uso de teléfonos celulares" vigente y modificar la Ley de Ejecución Penal Bonaerense para que la comunicación telefónica de los internos se realice exclusivamente a través de medios fijos o dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El proyecto establece que cada unidad penitenciaria deberá instalar sistemas de inhibición y bloqueo de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los sectores de alojamiento y permanencia de los internos. Además, se realizarán requisas diarias para controlar el cumplimiento de la norma.

El legislador Oscar Liberman, autor del proyecto, explicó que la medida busca evitar que los internos continúen delinquiendo desde dentro de las cárceles y que se produzcan extorsiones a personas inocentes. "Las cárceles parecen un call center del delito", afirmó Liberman.

La propuesta contempla que los internos tengan un máximo de dos horas diarias de comunicación telefónica, y que los dispositivos móviles sean retirados después de cada llamada. El SPB será responsable de proveer y controlar los dispositivos.

El proyecto de ley se encuentra en curso legislativo y busca ser aprobado con el apoyo de los distintos partidos políticos. Liberman destacó que la medida es una cuestión de Estado y que va más allá de la ideología partidaria.

La iniciativa se inspira en el caso del soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó al ser víctima de una extorsión telefónica perpetrada desde la prisión. El proyecto busca evitar que se repitan casos similares.

El legislador enfatizó que la prohibición de celulares en las cárceles no afecta el derecho a la comunicación de los internos, ya que se garantiza la comunicación a través de medios controlados.

El proyecto establece sanciones para aquellos que violen la norma, y se prevé la realización de requisas y controles para asegurar el cumplimiento de la ley.

La aprobación de la ley sería un paso importante hacia la seguridad en las cárceles bonaerenses y la prevención del delito.

El proyecto de ley se basa en el artículo 19 de la Constitución Nacional, que establece que las cárceles deben ser sanas y limpias para la seguridad y no para el castigo de los reos.

La iniciativa busca adecuar el régimen de comunicaciones de las personas privadas de libertad a las exigencias actuales de seguridad pública y protección de las víctimas.

El Servicio Penitenciario Bonaerense tendrá 10 días hábiles para notificar a los internos sobre la prohibición de celulares y para que entreguen voluntariamente los dispositivos.

Vencido ese plazo, se realizarán requisas y se sancionará a los infractores. La medida busca garantizar la seguridad y el orden en las cárceles bonaerenses.