Tras la paritaria docente, colegios privados reclaman subir cuotas en PBA

El reciente acuerdo salarial alcanzado entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y los gremios docentes volvió a tensionar el equilibrio financiero del sistema educativo privado. Tras la aceptación de un incremento del 9% en tres tramos para los trabajadores de la educación, entidades que agrupan a instituciones privadas solicitaron autorización oficial para actualizar los aranceles que pagan las familias.

El planteo surge como consecuencia directa del impacto que el aumento salarial tendrá en las estructuras de costos de los establecimientos. Desde el sector sostienen que, si bien acompañan la mejora en los ingresos de los docentes, resulta necesario habilitar ajustes en las cuotas para poder afrontar los nuevos compromisos salariales sin comprometer el funcionamiento de las instituciones.

El pedido fue formalizado por distintas entidades educativas privadas. En ese marco, el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la República Argentina (AIEPA), Martín Zurita, remarcó que las escuelas necesitan previsibilidad para cumplir con sus obligaciones laborales.

“Las escuelas tienen que pagar los aumentos salariales, pero si no se autorizan ajustes en las cuotas se genera un problema financiero muy grande”, señaló el dirigente al describir la situación que atraviesan muchas instituciones del sistema educativo privado bonaerense.

Un sistema con fuerte presencia estatal

En la provincia de Buenos Aires funcionan más de 4.000 establecimientos educativos privados con algún tipo de aporte estatal. El esquema de financiamiento es mixto: los subsidios públicos cubren entre el 40% y el 80% de los salarios docentes, mientras que el resto de los costos debe ser afrontado por cada institución a través de los aranceles que abonan las familias.

Este modelo explica por qué los incrementos en las cuotas no pueden definirse unilateralmente. En el caso de los colegios que reciben subsidios, cualquier modificación arancelaria debe ser previamente autorizada por el gobierno provincial a través de la Dirección General de Cultura y Educación.

Según datos del sector, cerca del 70% de los colegios privados bonaerenses se encuentran bajo este régimen de subvenciones. Esto implica que, aun cuando los costos aumenten, los establecimientos no pueden trasladarlos automáticamente a las cuotas sin la aprobación de las autoridades educativas.

Costos en aumento y matrícula en retroceso

Desde las entidades que representan al sector advierten que las dificultades financieras no responden únicamente a la última paritaria docente. Las instituciones arrastran una serie de problemas acumulados en los últimos años.

Entre los factores señalados aparecen la caída de la natalidad, la disminución de la matrícula en algunos distritos, el incremento de los costos operativos y el atraso en los valores de las cuotas en relación con la inflación.

En este contexto, algunas escuelas sostienen que debieron recurrir a créditos o acumular deudas para poder afrontar gastos corrientes, mientras reclaman una actualización de aranceles que les permita equilibrar sus cuentas y sostener la actividad educativa.

La discusión se da además en un escenario regulatorio que cambió a nivel nacional en noviembre de 2025, cuando el gobierno de Javier Milei eliminó por decreto el sistema de supervisión sobre las cuotas y matrículas de los colegios privados. La medida, establecida a través del Decreto 787/2025, derogó la normativa vigente desde 1993 que obligaba a las instituciones privadas a informar anualmente los valores de matrícula y cuotas que aplicarían en cada ciclo lectivo.

De esta manera, mientras los colegios privados sin subsidio estatal pueden fijar libremente sus valores, aquellos que dependen de financiamiento público deben seguir solicitando autorización para cualquier aumento.

Un debate que vuelve cada paritaria

La negociación salarial docente suele reactivar, año tras año, la discusión sobre el financiamiento del sistema educativo privado. El desafío consiste en encontrar un equilibrio entre garantizar mejores salarios para los trabajadores de la educación y evitar que el costo recaiga completamente sobre las familias. Por ahora, el reclamo del sector privado bonaerense vuelve a poner el foco en ese delicado triángulo entre Estado, escuelas y padres, en un contexto económico que sigue presionando sobre todos los eslabones del sistema educativo.