Con el inicio de clases, volvió a quedar expuesto un problema que atraviesa aulas de todo el país: mientras los docentes intentan sostener la atención, los celulares compiten silenciosamente por la mirada de los estudiantes desde el banco, la mochila o la carpeta.

Durante años ese fenómeno fue interpretado como un problema de disciplina o convivencia escolar. Hoy, en cambio, forma parte de una discusión mucho más profunda sobre aprendizaje, salud mental adolescente, ciudadanía digital y el lugar de la tecnología en la vida cotidiana.

En ese contexto, la provincia de Buenos Aires decidió dar un paso que vuelve a colocar el tema en el centro del debate educativo nacional. Con el inicio de clases 2026 comenzó a aplicarse una normativa que prohíbe el uso de celulares y otros dispositivos con pantalla en las aulas de nivel inicial y primario en todo el territorio bonaerense.

La medida alcanza a más de 11.000 establecimientos educativos —entre escuelas públicas y privadas— y a más de dos millones de estudiantes. El objetivo declarado es simple: reducir las distracciones en clase y recuperar condiciones de atención para el aprendizaje.

Pero detrás de esa decisión hay algo más profundo: un cambio de paradigma sobre cómo los Estados comienzan a intervenir en la vida digital de niños, niñas y adolescentes.

Una ley que vuelve a poner límites a los celulares en el aula

La normativa que comenzó a implementarse este año fue sancionada por la Legislatura bonaerense en 2025 como parte de un conjunto de políticas orientadas a limitar el impacto de las pantallas en la infancia. La ley establece que en nivel inicial y primario los celulares y dispositivos con pantalla no podrán utilizarse durante la jornada escolar. En secundaria, en cambio, el uso queda habilitado únicamente cuando exista una finalidad pedagógica definida por el docente.

Desde el ámbito legislativo explicaron que la decisión responde a una preocupación creciente por los efectos que el uso intensivo de teléfonos móviles tiene en el rendimiento escolar, la atención y la salud mental de los estudiantes.

El debate no es nuevo. Hace casi dos décadas, durante la gestión de Adriana Puiggrós en la Dirección General de Cultura y Educación, la provincia ya había impulsado una prohibición similar sobre las nuevas tecnologías. Aquella regulación fue revertida años después, en la etapa de Alejandro Finocchiaro, cuando la digitalización educativa comenzó a verse como una oportunidad pedagógica.

Hoy el escenario es distinto. La expansión masiva de smartphones, redes sociales, videojuegos en línea y plataformas digitales cambió radicalmente la relación entre escuela y tecnología.

Los datos que explican por qué el debate llegó a la política educativa

Los datos disponibles ayudan a dimensionar la magnitud del fenómeno.

Un informe elaborado en diciembre de 2025, por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires advertía que el uso de dispositivos digitales atraviesa cada vez más aspectos de la vida cotidiana y genera efectos visibles en la educación, las relaciones sociales y la salud mental

Según ese relevamiento:

36% reconoce tener un uso problemático del teléfono

37% utiliza el celular más de seis horas por día

36% afirma que el celular afecta su concentración en clase

31% cree que impacta negativamente en su rendimiento escolar

Entre niños, niñas y adolescentes la relación con las pantallas es aún más intensa. La mayoría reconoce usar el celular entre cinco y seis horas diarias, mientras que un 34% supera las seis horas de uso por día. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

En el ámbito escolar el fenómeno también es evidente:

69% de los estudiantes afirma usar el celular dentro de la escuela

18% dice utilizarlo durante toda la jornada

Los usos más comunes son mensajes, redes sociales y videojuegos

Una tendencia que ya atraviesa a varias provincias

Argentina no es ajena a esta discusión. Hasta ahora al menos siete provincias y la Ciudad de Buenos Aires avanzaron con normas específicas para limitar el uso de celulares en las aulas.

En la mayoría de los casos el esquema se repite: restricciones más fuertes en inicial y primaria y uso permitido únicamente con fines pedagógicos en secundaria.

Entre las jurisdicciones que adoptaron regulaciones se encuentran Buenos Aires, CABA, Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca y La Pampa.

La provincia de Buenos Aires se convierte ahora en el caso más relevante por su dimensión dentro del sistema educativo nacional.

El debate que viene: tecnología, aprendizaje y salud mental

Para especialistas en educación y neurociencia, el debate sobre los celulares en la escuela no puede reducirse a una cuestión disciplinaria.

El neurólogo infantil Mauricio Pedersoli advierte que el uso excesivo de pantallas está asociado a cambios en los patrones de atención y concentración de los adolescentes.

Las plataformas digitales están diseñadas para generar estímulos breves y permanentes, lo que puede dificultar procesos de concentración prolongados dentro del aula.

Desde esa perspectiva, limitar el uso de teléfonos en la escuela no implica rechazar la tecnología, sino ordenar su presencia dentro del proceso educativo.

El desafío para las políticas educativas consiste en encontrar un equilibrio: aprovechar el potencial tecnológico sin que la hiperconectividad termine desplazando la atención, la interacción y el aprendizaje en el aula.