Avanza la causa de Tapia: Imputaron por extorsión agravada a Camani y al “lilito” Yofe 

Avanza la causa iniciada por el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia. En esta oportunidad, la Justicia bonaerense imputó al empresario Leandro Camani y al dirigente político Matías Yofe por presunta extorsión agravada. Ambos fueron citados para ser notificados de la imputación en los términos del artículo 60 del Código Procesal Penal bonaerense.

Tapia sostiene en su denuncia que, luego de negarse a habilitar autorizaciones vinculadas a cámaras de fotomultas, comenzó una secuencia de denuncias judiciales y acciones que, según su planteo, formaban parte de un mecanismo de presión. La hipótesis que investiga la fiscalía apunta a determinar si existió un esquema de exigencias previas seguido de presentaciones penales como forma de coacción.

El expediente incorporó una serie de declaraciones testimoniales que reconstruyen el entramado político y empresarial alrededor de la causa y que, según fuentes judiciales, ampliaron el alcance de la investigación.

Uno de los testimonios fue el periodista Claudio Gabriel Ponce de León, quien aseguró ante la fiscalía que el propio Yofe le había comentado que el empresario Camani aportaba dinero para sostener distintas acciones políticas y mediáticas.

Además, sostuvo que el dirigente le habría mencionado que el empresario le había ofrecido una importante suma de dinero vinculada a la campaña política y a la promoción de denuncias contra distintos actores políticos y empresariales.

El periodista también afirmó que Camani financiaba parcialmente un espacio radial donde participaba Yofe, cubriendo parte del costo del programa que se emitía en su medio de comunicación.

En sus declaraciones también aparece mencionado el abogado Pedro Aribe, quien según los testimonios mantenía vínculos con el esquema que articulaba la relación entre el empresario y el espacio político de Yofe. De acuerdo con lo incorporado al expediente, Aribe habría participado en gestiones vinculadas a pagos y contactos dentro de ese entramado.

Otras declaraciones aportaron referencias a reuniones con empresarios y financistas vinculados a la campaña política de Yofe. En ese contexto aparecerían mencionados el empresario Gustavo Ferreiro, de Morón, y el platense Pedro Aribe, señalados en el expediente como los participantes de reuniones vinculadas al armado junto al político del dirigente.

A partir de estos testimonios, fuentes del expediente detallaron que la investigación también comenzó a observar posibles conexiones con empresarios y actores políticos de distintos distritos del conurbano, entre ellos Morón, Pilar, La Plata y Merlo.

Tensión en los municipios

Por otro lado, la imputación judicial se produce además en medio de distintos conflictos que el empresario Camani mantiene en municipios de la provincia de Buenos Aires vinculados al negocio de las fotomultas.

En Quilmes, el sistema de radares generó tensiones políticas luego de cuestionamientos impulsados por sectores cercanos al dirigente social Juan Grabois. Mientras que Mar del Plata, se generó polémica por la suspensión de radares y la posterior instalación de nuevos dispositivos que volvieron a generar controversias sobre el funcionamiento del sistema.

Y en San Isidro, el municipio resolvió suspender el funcionamiento de radares en medio de cuestionamientos sobre la legalidad de los dispositivos utilizados.

Este panorama judicial impacta en la PBA, debido a que empresas vinculadas a Camani participan en distintos tramos del sistema de control vial y gestión de infracciones.