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La CGT declaró “inconstitucional” la reforma laboral y va a la Justicia
15:36 |La central obrera cuestionó que la ley implique un retroceso en derechos adquiridos, denunció violación del artículo 14 bis y anunció una presentación judicial para frenar su aplicación.
La Confederación General del Trabajo (CGT) difundió este 2 de marzo de 2026 un documento en el que cuestiona con dureza la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional y la define directamente como “inconstitucional”. La central obrera anticipó que realizará una presentación judicial al considerar que la norma vulnera principios constitucionales y derechos adquiridos.
En el texto, el Consejo Directivo Nacional sostiene que es “falso” que la reforma apunte a aumentar el empleo o formalizar trabajadores informales. Según la CGT, los problemas de pobreza, desempleo y precarización no derivan del marco legal laboral vigente, sino de la falta de crecimiento económico y de inversión productiva.
Comparto el comunicado de la @cgtoficialOK. la reforma laboral es inconstitucional y vulnera derechos conquistados por las y los trabajadores. Vamos a defender el trabajo argentino en la calle y en la Justicia.
— Héctor Daer (@hectordaer) March 2, 2026
No hay libertad sin justicia social. pic.twitter.com/8Ya9QXVMpJ
Principios constitucionales en discusión
El eje jurídico del planteo sindical se apoya en dos pilares: el principio de progresividad —o no regresión— y el principio protectorio del derecho del trabajo. Para la CGT, la reforma implica un retroceso en derechos adquiridos, lo que violaría estándares constitucionales e internacionales, como los establecidos en el Pacto de San José de Costa Rica.
Además, advierte que se vería afectado el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en aspectos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a huelga, la negociación colectiva, la libertad sindical y la seguridad social.
Qué cuestiona la central obrera
El documento enumera una serie de puntos que considera regresivos. Entre ellos:
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La posibilidad de establecer jornadas laborales de hasta 12 horas y la eliminación de horas extras, lo que —según la CGT— derivaría en reducción salarial.
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La eliminación de sanciones a empleadores que incumplieron aportes.
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El pago de indemnizaciones en cuotas a través de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con aportes de los propios trabajadores.
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La reducción de aportes a las obras sociales.
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La habilitación de convenios por empresa por sobre la negociación paritaria sectorial.
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Restricciones al derecho de huelga y a la libertad sindical.
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El traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que, según la central, limitaría el acceso a la justicia laboral.
La CGT interpreta que estos cambios no son aislados, sino parte de un programa económico más amplio que, a su entender, profundizó el deterioro social.
Diagnóstico económico y social
El documento también traza un balance crítico de los primeros dos años de gestión nacional. Señala que 11 de las 14 ramas del sector privado registraron datos negativos, que se perdieron más de 300.000 empleos y que aumentaron la desocupación, el cierre de PyMEs, la caída del consumo, la inversión y la recaudación.
Asimismo, menciona pérdida del poder adquisitivo, endeudamiento externo y provincial, y un incremento en la morosidad familiar y bancaria.
En este contexto, la central reafirma su decisión de “resistir y rechazar por todos los medios a su alcance” la reforma, tanto en la calle como en el ámbito institucional y judicial. Recuerda que ya realizó movilizaciones y paros generales frente a otras medidas del Gobierno.
En el tramo final del comunicado, la CGT reivindica su rol como “única instancia con capacidad de movilización y respuesta” en defensa de los trabajadores, y concluye con una consigna histórica del sindicalismo argentino: “No hay libertad sin justicia social”.
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