EN VIVO: Se debate en el Senado el Régimen Penal Juvenil

El Senado de la Nación inició este viernes a las 11.32 el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil, una reforma largamente discutida que podría convertirse en ley tras más de dos décadas de intentos fallidos. El punto central del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para adolescentes que cometan delitos.

Con casi 30 oradores anotados, la sesión anticipa una jornada extensa y cargada de posicionamientos políticos, jurídicos y sociales. La iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, obtenida el pasado 12 de febrero, y el oficialismo apuesta a convertirla en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del próximo domingo, donde el presidente Javier Milei prevé destacar el avance como uno de los logros del período extraordinario.

El proyecto había sido trabajado en comisiones durante 2024 y 2025 en la Cámara baja, pero fue reactivado con fuerza este verano. El impacto social del crimen de Jeremías Monzón y un escenario parlamentario más favorable para La Libertad Avanza resultaron determinantes para acelerar el tratamiento.

La apertura del debate estuvo a cargo del presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el senador oficialista Gonzalo Guzmán Coraita, quien calificó la jornada como “histórica”. Recordó que la actual Ley de Minoridad data de 1980, es previa a la reforma constitucional de 1994 y a la incorporación con jerarquía constitucional de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Según el legislador salteño, el nuevo régimen busca establecer un sistema “moderno, integral y especializado”, con garantías plenas de debido proceso para los adolescentes. Sostuvo que el objetivo es abandonar el modelo tutelar vigente y avanzar hacia estándares internacionales que, afirmó, recomiendan actualizar la normativa argentina desde hace más de una década.

Guzmán Coraita rechazó las críticas que históricamente calificaron los intentos de reforma como punitivistas o regresivos. Por el contrario, aseguró que mantener la ley de 1980 es lo verdaderamente regresivo, ya que —según expresó— no respeta garantías mínimas ni se ajusta al marco constitucional actual.

En cuanto a la edad de imputabilidad, el senador subrayó que los 16 años “no constituyen un derecho adquirido ni un estándar internacional obligatorio”. Señaló que el Comité de los Derechos del Niño ha analizado regímenes donde la edad es de 14 años sin considerarlos contrarios a la Convención.

Durante su exposición también aportó datos de la Corte Suprema de Justicia: en 2023 se registraron 17.551 causas penales con menores involucrados, mientras que en 2024 la cifra ascendió a 18.972, lo que implica un incremento del 10%. “Detrás de cada número hay una víctima, una familia y un adolescente con una historia personal”, afirmó.

Otro de los argumentos esgrimidos por el oficialismo es que Argentina, junto a Cuba, es de los pocos países de la región que mantiene los 16 años como umbral de imputabilidad.

La discusión, que vuelve a instalar tensiones entre enfoques de seguridad y perspectivas de derechos humanos, se encamina a una definición inminente. Después de más de veinte años de debates intermitentes y casos que reavivaron la polémica, el Congreso parece dispuesto a saldar una deuda legislativa que atravesó distintas gestiones y mayorías.

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