El detonante es la avanzada de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, la ex AFIP, que activó un esquema de recategorizaciones de oficio para monotributistas utilizando información proveniente de billeteras virtuales. En la práctica, el Estado está cruzando datos de movimientos digitales para determinar si un contribuyente debe subir de categoría o incluso saltar al Régimen General. Legalmente posible. Políticamente explosivo.
En miles de comercios de cercanía la escena es idéntica: carteles escritos a mano anuncian que ya no se aceptan pagos con QR. La explicación es cruda y directa: “Si cobro por billetera, me recategorizan”. Lo que hasta hace poco era símbolo de formalización y bancarización hoy es percibido como una alarma fiscal.
Para los pequeños comerciantes, el riesgo no es menor. Un salto de categoría en el Monotributo implica mayores obligaciones impositivas y previsionales. El pase al régimen de Autónomos supone un incremento significativo en la carga tributaria y administrativa. En un contexto de consumo débil y márgenes ajustados, la ecuación es sencilla: menos trazabilidad, más efectivo.
El impacto no tarda en trasladarse al corazón del ecosistema de Mercado Pago. La fuga de usuarios hacia el cash no solo reduce el volumen transaccional y las comisiones. También erosiona uno de los activos estratégicos de la compañía: los datos. Menos operaciones digitales significan menor capacidad de ofrecer créditos, seguros y otros servicios financieros integrados. Y eso, en la lógica de Wall Street, es una amenaza estructural al crecimiento futuro.
El mercado leyó la señal con preocupación. Argentina sigue siendo el principal mercado de la empresa. Si la digitalización se estanca o retrocede por temor fiscal, el modelo de expansión se tensiona. No importa que el balance sea sólido hoy. Lo que importa es la proyección. Y ahí apareció la duda.
El conflicto ya escaló al plano político. En el Congreso, el peronismo impulsa una iniciativa para suspender por seis meses las recategorizaciones automáticas. El ex titular de Aduanas Guillermo Michel encabeza el reclamo, bajo el argumento de que más de 200 mil contribuyentes podrían verse afectados en un contexto económico frágil. La discusión dejó de ser técnica y pasó a ser narrativa: control fiscal versus asfixia productiva.
Desde el Gobierno, la defensa se apoya en la transparencia y la equidad tributaria. El mensaje es claro: quien factura más, paga más. El problema es el efecto colateral. En la práctica, el temor está incentivando un retorno al efectivo, debilitando años de avances en inclusión financiera y formalización.
Así, Mercado Libre queda atrapada en una tensión muy argentina: eficiencia corporativa global frente a volatilidad regulatoria local. Gana dinero, pero pierde capitalización. Lidera en tecnología, pero depende de reglas domésticas cambiantes.
El “Efecto Monotributo” no es solo un problema contable. Es una señal de fricción entre política fiscal y economía digital. Y mientras el Congreso debate y el Gobierno sostiene su cruzada recaudatoria, el mercado ya emitió su veredicto: en Argentina, incluso el unicornio más exitoso puede tropezar con la AFIP de turno.
El saldo, por ahora, se mide en millones evaporados en bolsa. Y en miles de comerciantes que, ante la duda, prefieren volver al billete antes que arriesgar una notificación fiscal.