Impuestos, paritarias y caminos rurales: el cruce que tensiona la Legislatura bonaerense

La política bonaerense nunca decepciona cuando se trata de subir el volumen. Esta vez el ring lo armaron el diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, y la conducción bonaerense de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en medio de la discusión por la reapertura de paritarias y el financiamiento de los salarios estatales.

Bugallo salió con los tapones de punta contra la propuesta del gremio de aumentar impuestos al campo y a sectores de mayores ingresos para afrontar las negociaciones salariales. “Los muchachos de ATE Buenos Aires le piden a Axel Kicillof que aumente impuestos a ‘los ricos’, para que pueda pagar mejores sueldos públicos… y, de paso, llevarse su tajada en el medio. ¿A ninguno le funciona al menos una sola neurona?”, escribió el legislador en sus redes, en un mensaje cargado de ironía y descalificaciones.

El trasfondo es la exigencia sindical de reabrir “con carácter urgente” la paritaria estatal. La central que conduce Claudio Arévalo planteó que, frente al recorte de recursos nacionales y la caída del poder adquisitivo, la Provincia debería avanzar en una mayor “apropiación de renta de los que más tienen”. Entre las medidas sugeridas figuran incrementos al Inmobiliario Rural, al impuesto a la Herencia, la creación de una tasa para inmuebles ociosos y un adicional para propiedades ubicadas en barrios privados.

Desde el gremio argumentan que el deterioro salarial se profundizó desde la asunción del presidente Javier Milei, especialmente tras la devaluación de diciembre de 2023. Según ATE, aquella medida implicó una pérdida del poder adquisitivo del 13,5% en un solo mes. Además, remarcan que entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 la canasta de servicios públicos en el AMBA se incrementó un 593%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en torno al 200%.

El conflicto paritario viene escalando. El pasado 5 de febrero el gobierno de Axel Kicillof ofreció una suba del 2%, que fue rechazada. El 13 de febrero mejoró la propuesta al 3%, pero tampoco logró el aval sindical, que la calificó de “insuficiente”. Además del reclamo salarial, ATE sumó una agenda amplia: recategorizaciones, pase a planta permanente de trabajadores temporarios, continuidad de procesos de regularización y convocatorias a mesas técnicas sectoriales.

Bugallo, por su parte, respondió con una contraofensiva ideológica. Aseguró que el camino debe ser el inverso: reducción de impuestos y reforma integral de la Ley Fiscal. Recordó que presentó iniciativas para eliminar el Inmobiliario Complementario y el impuesto a la Herencia, junto con una simplificación tributaria y el fin de “arbitrariedades”. “Nosotros vamos para el otro lado”, remarcó.

En el medio de la disputa apareció otro dato que el legislador utilizó como argumento: un informe de la entidad Comunidad Rural Carlos Casares sobre el estado de los caminos rurales del distrito. El relevamiento, realizado junto al ingeniero Carlos Tinelli, concluyó que el 76% de los caminos está en mal estado y apenas el 8% mantiene transitabilidad durante todo el año. En el 100% de los trazados se detectaron pozos, además de deformaciones tipo serrucho y deficiencias en cunetas y alcantarillas.

Los productores reclamaron un plan integral sostenido y seguimiento legislativo, al advertir que la red vial es clave para la producción agropecuaria, el acceso a escuelas rurales y la atención sanitaria en situaciones de emergencia. El dato refuerza la tensión de fondo: el sector rural cuestiona la presión tributaria mientras denuncia falta de contraprestaciones en infraestructura.

Así, la discusión por la paritaria estatal terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo del histórico contrapunto entre el Estado provincial, los gremios y el campo. De un lado, el reclamo por recomponer salarios frente a la inflación y la suba de tarifas. Del otro, la resistencia a incrementar la carga impositiva sobre un sector que ya advierte deterioro productivo y deficiencias estructurales.