“Quieren que nazcan pobres y crezcan presos”: duro documento contra la reforma penal juvenil

Organizaciones sindicales, sociales y políticas, junto a redes que trabajan por los derechos de las infancias y adolescencias, realizaron una conferencia de prensa en la sede de la CTA Autónoma para rechazar el proyecto oficial de reforma del Régimen Penal Juvenil, que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Bajo la consigna “No a la baja”, difundieron un documento consensuado con diez razones para oponerse a la iniciativa y convocaron a movilizar en todo el país contra esta reforma y la laboral.

El eje del posicionamiento es tajante: “quieren que nuestros pibes y pibas nazcan pobres y crezcan presos”. Para las organizaciones, el proyecto no solo es regresivo, sino también inconstitucional. Argumentan que vulnera el principio de no regresividad del derecho internacional de los derechos humanos y los derechos del niño, al ampliar el alcance punitivo del Estado sobre adolescentes.

Uno de los puntos más críticos es la falta de un tiempo máximo de prisión preventiva diferenciado del de los adultos, así como la ausencia de escalas penales claras. Tampoco contempla un sistema específico de ejecución de la pena para adolescentes ni mecanismos de revisión periódica orientados a la reintegración social. En otras palabras, advierten, no hay progresividad ni enfoque socioeducativo: hay encierro.

El documento también señala una omisión que consideran grave: el proyecto no prevé ninguna respuesta para los menores de 14 años, es decir, los “no punibles”. El Gobierno fundamentó la baja de edad en que adolescentes menores de 16 años son utilizados por bandas criminales y el narcotráfico. Sin embargo, las organizaciones remarcan que, si son víctimas de redes delictivas por su situación de vulnerabilidad, deben ser protegidos y no castigados. “El proyecto con media sanción no prevé ninguna respuesta para los no punibles menores de 14 años. Los deja en la absoluta intemperie”, sostienen.

Además, cuestionan el incumplimiento de la ley de Educación Secundaria Obligatoria, la falta de políticas reales de reinserción y la ausencia de presupuesto para implementar medidas alternativas al encierro. En ese marco, vinculan la iniciativa con la reforma laboral en debate: “Se intenta desmontar un sistema de protección de derechos laborales, por un lado, y de las infancias y adolescencias por el otro”.

La senadora provincial y referente del SUTEBA, María Reigada, fue directa: “Este es un tema que resurge ante cada gobierno de derecha. Nosotros siempre hemos estado en contra de punir a nuestros jóvenes y adolescentes. Debemos construir una sociedad más justa, y para eso necesitamos un modelo diferente”. Y agregó: “Quitarle derechos a los trabajadores y trabajadoras es lo mismo que quitarle el derecho a sus hijos e hijas”.

Desde el ámbito de la defensa de derechos, Vanesa Salgado, defensora de niños, niñas y adolescentes, planteó una crítica estructural al sistema penal: “El sistema penal no persigue delincuencia, persigue pobres que a veces cometieron delitos. No reeduca, no resocializa, solo castiga, organiza la crueldad”. También aportó un dato que busca interpelar el debate presupuestario: “El presupuesto para esta ley punitiva es equivalente al dinero que se necesitaría para restablecer las becas Progresar que eliminó este gobierno”.

En la misma línea, la abogada de derechos humanos Claudia Cesaroni alertó sobre el componente clasista que podría profundizar la reforma. “No hay escalas penales, y ese es un punto grave. No hay criterio para establecer condenas y eso implica que hay un componente clasista en la imposición de las penas. No va a ser igual el tratamiento para una familia de clase media de Caballito que para una familia trabajadora que no puede garantizar la custodia en una eventual domiciliaria”, sostuvo.

El documento cierra con una advertencia política: si el Senado convalida la ley, harán “todo lo posible y más para que no se aplique”. En un contexto de reformas estructurales impulsadas por el oficialismo, la discusión sobre la edad de imputabilidad vuelve a instalar una pregunta incómoda que ningún eslogan resuelve: si el problema es la desigualdad estructural, ¿la respuesta es más cárcel o más derechos?