Desde las 11 de la mañana, la Cámara alta debate dos proyectos con impacto directo en el mapa productivo argentino. Por un lado, la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial.
En el marco de la penúltima sesión del período extraordinario, el Senado aprobó por unanimidad avalar el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercado Común del Sur, la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, por una parte, y la Unión Europea, por otra parte, celebrado en la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el 17 de enero de 2026.
La votación, realizada a las 15.25 de este jueves, tuvo como resultado 69 votos a favor y 3 en contra, al cabo de un debate que se extendió cuatro horas, y que se intentó acortar drásticamente para ganarle de mano a Uruguay en el objetivo de que el argentino fuera el primer parlamento en avalar el entendimiento comercial. No lo lograron, pues en un rápido trámite la Cámara de Representantes de Uruguay aprobó el acuerdo y dejó a la Argentina en el segundo lugar.
Los votos en contra correspondieron a Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana di Tullio y Cristina López.
El texto, que consta de 23 capítulos, tiene entre sus objetivos: establecer un acuerdo comercial moderno y mutuamente ventajoso que cree un marco previsible para impulsar el comercio y la actividad económica; desarrollar el comercio internacional y el comercio entre las partes mediante la reducción o eliminación de los obstáculos arancelarios y no arancelarios y una mayor integración en las cadenas de valor mundiales; y desarrollar un entorno propicio al aumento de los flujos de inversión, la competitividad y el crecimiento económico.
A través del mismo, se establece una zona de libre comercio entre las partes durante un período transitorio que comenzará en la fecha de entrada en vigor del acuerdo.
Glaciares
La reforma de la norma ambiental redefine el alcance de la protección sobre el ambiente periglacial y otorga mayor participación a las provincias en la delimitación de áreas protegidas. El argumento oficial apunta al “federalismo ambiental” y a la necesidad de armonizar desarrollo productivo y cuidado del ambiente. Los distritos cordilleranos con actividad minera e hidrocarburífera respaldan la iniciativa. Del otro lado, organizaciones ambientalistas advierten que el cambio abre la puerta a mayores explotaciones en zonas sensibles.
Y ahí es donde la teoría se cruzó con la práctica. Activistas de Greenpeace saltaron la reja del Palacio Legislativo y se sentaron en las escalinatas en señal de protesta. El operativo policial terminó con al menos 12 detenidos. En medio del procedimiento, un camarógrafo del canal A24 fue agredido y quedó herido. El conductor Antonio Laje calificó el episodio como “inentendible e increíble”. La tensión afuera del Congreso contrastó con el discurso técnico que se intentaba sostener puertas adentro.
La sesión incluyó además el tratamiento del pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, que finalmente fue aprobado por 38 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. Las críticas del interbloque Popular y de senadores aliados fueron particularmente duras. José María Carambia lo definió como “un pedante soberbio, incapacitado para la cuestión diplomática”, mientras que Carolina Moisés lo calificó como “misógino, violento e ignorante”. El oficialismo defendió la designación como parte de la estrategia para “volver a relacionarnos con el mundo”.
El trasfondo político es evidente. La reforma de Glaciares y el acuerdo Mercosur–UE no son proyectos aislados: forman parte de una agenda que redefine el vínculo entre ambiente, producción y comercio exterior. Provincias mineras siguen el debate con atención, sectores exportadores esperan definiciones y organizaciones sociales alertan sobre el costo ambiental.
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