Un informe difundido este 23 de febrero advierte que el 76% de los caminos rurales bonaerenses fue calificado como “malo” o “muy malo”. Traducido: más de siete de cada diez trazas presentan problemas estructurales severos. Pozos profundos, el clásico “serrucho” que convierte cualquier traslado en una prueba de resistencia, falta de cunetas y alcantarillas deterioradas forman parte del diagnóstico.
El dato más alarmante es otro: apenas el 8% de los caminos es plenamente transitable durante todo el año. Es decir, solo una fracción mínima garantiza circulación estable para maquinaria agrícola, camiones con granos, transporte escolar o vehículos particulares. El resto depende del clima y de la suerte.
La totalidad de las vías relevadas presenta pozos severos, mientras que un 20% muestra deformaciones tipo serrucho. Estas ondulaciones, producto del desgaste y la falta de mantenimiento, incrementan los costos logísticos, dañan vehículos y ralentizan la salida de la producción. En un contexto de márgenes ajustados y presión tributaria, cada kilómetro en mal estado impacta directamente en la rentabilidad del productor.
El componente hídrico agrava la escena. El informe señala que disminuyó la proporción de caminos con cunetas respecto de años anteriores. Si bien el 62,5% cuenta con alcantarillas, apenas poco más de un tercio se encuentra en buen estado. Sin drenaje eficiente, las lluvias intensas convierten los caminos en verdaderos barriales, acelerando el deterioro estructural y dejando zonas prácticamente aisladas.
La situación no es nueva, pero sí muestra un empeoramiento respecto de estudios previos. Encuestas anteriores ya reflejaban que la mayoría de los productores consideraba deficiente el estado de la red vial rural. La responsabilidad, según el sector, recae tanto en la gestión municipal como en la falta de recursos suficientes provenientes de la Provincia para sostener un mantenimiento sistemático.
En paralelo, el Gobierno bonaerense puso en marcha un Plan de Mejora de Caminos Rurales, con inversiones destinadas a maquinaria, materiales y obras en distintos municipios. El objetivo oficial es intervenir tramos estratégicos y mejorar la transitabilidad. Sin embargo, los efectos de las inundaciones registradas en los últimos años, especialmente en el centro y oeste provincial, complicaron la ejecución y profundizaron el deterioro.
En partidos como Carlos Casares y 9 de Julio, los excesos hídricos dejaron extensas zonas bajo agua o con suelos inestables. En esos distritos, la red vial no solo es un problema productivo sino también social: condiciona el acceso a servicios básicos, atención sanitaria y educación.
El reclamo del sector agropecuario no se limita al estado físico de los caminos. También apunta al destino de los fondos recaudados a través de la tasa vial. Productores y entidades rurales exigen mayor transparencia en la asignación de esos recursos y un seguimiento legislativo más estricto que garantice que el dinero efectivamente se invierta en mantenimiento e infraestructura rural.