El senador bonaerense Fernando Coronel, integrante del bloque de Unión por la Patria, presentó un proyecto de declaración para expresar su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de postergar la implementación del nuevo IPC elaborado por el INDEC.
Según el legislador, la demora no es un simple tecnicismo metodológico sino un problema de fondo que afecta la transparencia y previsibilidad de uno de los indicadores más sensibles de la economía argentina. El IPC no es un número decorativo que aparece en un informe mensual. Es la variable que impacta en la actualización de jubilaciones, salarios, prestaciones sociales y contratos atados a inflación. Es, en términos prácticos, el termómetro oficial del poder adquisitivo.
En los fundamentos del proyecto, Coronel sostiene que el índice constituye un parámetro clave para medir la evolución del ingreso real y para determinar las líneas de pobreza e indigencia. Cualquier retraso en su actualización metodológica, advierte, puede erosionar la credibilidad institucional del indicador y generar desfasajes respecto de la experiencia económica concreta de la población.
El planteo adquiere mayor peso si se observa el caso de la provincia de Buenos Aires, donde reside cerca del 40% de la población del país. En ese territorio, el impacto de una eventual distorsión se amplifica por la composición del gasto de los hogares, donde servicios públicos, transporte, vivienda y salud ocupan un lugar determinante dentro del presupuesto familiar.
El proyecto también subraya que los recientes cambios en tarifas y servicios modificaron los patrones de consumo. Mantener una estructura de medición anterior podría, según el senador, generar un desajuste significativo entre la medición oficial y la economía cotidiana que enfrentan las familias.