Tercerización de tasas en Mar Chiquita: críticas y sospechas

La propuesta del Ejecutivo de Mar Chiquita para tercerizar el sistema de tasas municipales ha generado un intenso debate político e institucional en el distrito. La medida, que busca delegar en un privado la gestión y el cobro de tasas, ha sido cuestionada por sectores opositores que advierten sobre posibles continuidades de esquemas privados históricos y la falta de transparencia en el proceso.

El debate se ha visto alimentado por la presencia de actores empresariales vinculados al sector, como el empresario Leandro Camani, titular de Secutrans, quien ha sido mencionado en denuncias y disputas empresariales en curso. Además, la cámara empresarial CECAITRA ha denunciado presuntas presiones, extorsiones y utilización de denuncias penales como herramienta para desplazar competencia dentro del negocio de las fotomultas.

La falta de posicionamiento público de la concejal Vanina Calvo, referente de La Cámpora en el distrito, ha generado interpretaciones sobre un posible alineamiento tácito con la gestión del intendente Walter Wischnivetzky y el senador Jorge Paredi. Mientras tanto, sectores opositores advierten que el pliego podría implicar algo más que una simple modernización administrativa.

El análisis político incorpora vínculos personales y empresariales que exceden lo municipal, como la relación sentimental atribuida a Camani con el entorno familiar del dirigente sindical Luis Barrionuevo y menciones a conexiones empresariales que alimentan especulaciones sobre intereses territoriales.

El debate de fondo gira en torno a quién controla la caja municipal, qué controles de transparencia se aplicarán y qué postura adoptará cada concejal frente a una decisión que redefine el modelo de gestión de recursos públicos. El tratamiento del expediente en el Concejo Deliberante comienza así a perfilarse como una discusión política de fondo sobre liderazgo, conducción y transparencia institucional en Mar Chiquita.

En este contexto, la oposición exige mayor transparencia y participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones, mientras que el oficialismo defiende la medida como necesaria para modernizar la gestión municipal. La decisión final dependerá de la postura que adopten los concejales y la capacidad de la oposición para frenar el avance del pliego.