El Gobierno intentará este jueves darle media sanción al proyecto que fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves, luego de conseguir el dictamen de mayoría en un plenario de comisiones. La sesión comenzará a partir de las 11 horas y el temario también incluye el acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea.
La iniciativa establece penas de hasta 15 años de prisión para delitos como homicidios, robos con violencia y abusos sexuales. La reforma laboral aprobada en el Senado allana el camino para que el oficialismo avance con esta nueva propuesta. El proyecto prevé medidas alternativas a la prisión, como amonestaciones, servicios comunitarios y monitoreo electrónico, y prioriza la reinserción social de los jóvenes.
La privación de la libertad quedará reservada como último recurso, y se enfocará en la creación de institutos especializados y programas educativos para jóvenes infractores. El oficialismo logró el dictamen de mayoría con el respaldo del PRO, la UCR y bloques provinciales, lo que le da una ventaja para aprobar la reforma.
El Gobierno destinará $23.739 millones para la implementación de la reforma, que busca reducir la delincuencia juvenil y brindar una respuesta más efectiva a los delitos cometidos por menores de edad. La oposición, sin embargo, ha expresado su rechazo a la iniciativa, argumentando que puede llevar a la criminalización de los jóvenes.
La discusión sobre la edad de imputabilidad ha generado un intenso debate en la sociedad argentina, con algunos sectores argumentando que es necesario endurecer las penas para combatir la delincuencia, mientras que otros sostienen que la reforma es inconstitucional y puede vulnerar los derechos de los menores.
El proyecto de ley establece que los jóvenes de entre 14 y 16 años que cometan delitos graves serán juzgados en tribunales especializados y podrán ser condenados a penas de hasta 15 años de prisión. Sin embargo, la aplicación de estas penas estará sujeta a la evaluación de los jueces y la consideración de las circunstancias individuales de cada caso.
En este contexto, el Gobierno busca avanzar con la reforma para dar una respuesta a la creciente preocupación de la sociedad por la seguridad y la delincuencia juvenil. La aprobación de la iniciativa dependerá de la capacidad del oficialismo para mantener la unidad y sumar apoyos en la Cámara de Diputados.