Milei retiró al Estado de la causa por la deuda del FMI tomada por Macri

El gobierno de Javier Milei dio un paso de alto impacto institucional y político: mediante un decreto firmado en la noche del jueves, ordenó retirar al Estado nacional como querellante en la causa judicial que investigaba la deuda contraída durante la presidencia de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional en 2018 y 2019.

La medida llegó apenas tres días después de que la jueza federal María Eugenia Capuchetti resolviera archivar la investigación, una decisión que ya había generado fuertes cuestionamientos y que incluso fue apelada por el fiscal Franco Picardi. La sincronía entre ambos movimientos —el cierre judicial y el retiro estatal— no pasó inadvertida y vuelve a instalar un debate central: qué ocurrió realmente con los más de 41 mil millones de dólares del préstamo más grande otorgado por el FMI a la Argentina.

Un decreto que marca un cambio de posición del Estado

El decreto presidencial es el 87/26 y en su artículo 2° instruye a la Procuración del Tesoro a cesar su intervención como querellante particular en la causa N° 3561/2019, caratulada “Macri, Mauricio y otros sobre defraudación por administración fraudulenta y otros”.

Esa querella había sido anunciada por el expresidente Alberto Fernández en el Congreso en marzo de 2021 como una decisión política: que el Estado investigara el destino del endeudamiento y su eventual utilización irregular.

Con Milei, esa postura cambia drásticamente. El Estado deja de impulsar la causa y se corre del proceso penal, en un expediente que apuntaba contra Macri, Luis “Toto” Caputo y otros exfuncionarios.

La jueza Capuchetti argumentó que no existía delito porque no había una norma que obligara a un destino “preciso y obligatorio” para los fondos del FMI, por lo cual no podía configurarse malversación de caudales públicos.

Sin embargo, su decisión fue leída con suspicacia política: Capuchetti fue designada jueza durante el macrismo y mantiene vínculos conocidos con dirigentes del PRO. Esa cercanía alimentó la controversia sobre el archivo.

El fiscal Picardi no dudó en apelar, sosteniendo que el fallo incurre en una evaluación “parcial, sesgada y superficial” del marco normativo y del material probatorio.

El corazón de la acusación: Congreso y fuga

La causa tenía dos ejes centrales.

Por un lado, se investigaba si el gobierno de Macri evitó deliberadamente consultar al Congreso sobre la toma de una deuda de semejante magnitud, algo que podría constituir incumplimiento de deberes de funcionario público, ya que la Constitución y las leyes de crédito público establecen controles legislativos.

Por otro lado, se sostenía que los fondos no se destinaron a fortalecer reservas ni estabilizar la economía, sino que fueron utilizados para financiar un proceso de fuga de capitales, facilitando un dólar barato que benefició a grupos privados concentrados.

En un informe incorporado al expediente, la Oficina Anticorrupción señaló que las divisas operaron como un “seguro de cambio” para fondos que habían hecho negocios con instrumentos como las Lebacs, y terminaron consumiéndose en la formación de activos externos.

Milei: del crítico al presidente que se retira

Uno de los aspectos más llamativos del episodio es el giro discursivo. Antes de llegar a la Casa Rosada, Milei había sido un duro crítico del préstamo macrista, cuestionando abiertamente el endeudamiento con el FMI.

Sin embargo, ya como presidente, su gobierno toma una decisión que en los hechos beneficia a figuras centrales de aquella negociación, entre ellas Caputo —hoy ministro de Economía— y Federico Sturzenegger, actual funcionario clave en el área de desregulación, ambos protagonistas del esquema económico de Cambiemos.

Fuentes citadas por La Política Online señalan que el retiro no buscaría tanto favorecer a Macri como blindar a los integrantes del gabinete libertario que participaron del acuerdo.

Un mensaje político hacia el poder económico

Más allá del expediente judicial, la decisión tiene una lectura política evidente: Milei se alinea con los sectores responsables del endeudamiento más cuestionado de la historia reciente y desactiva una de las pocas causas que podía esclarecer responsabilidades institucionales sobre el destino del préstamo.

El fiscal Picardi insistió en que existió un posible “esquema defraudatorio” entre funcionarios del Ejecutivo, el Banco Central y agentes privados, con argumentos “falsos y engañosos” sobre el uso real de las divisas.

En ese sentido, el retiro del Estado como querellante no solo reduce la presión judicial: también funciona como señal hacia el establishment financiero, en momentos en que el gobierno busca sostener su programa económico con apoyo externo.

Aunque la investigación pueda cerrarse, la deuda permanece. El préstamo con el FMI sigue condicionando la política económica argentina y pesará sobre generaciones futuras.

Por eso, la decisión de Milei no es un trámite administrativo: es un gesto político de alto voltaje, que reabre preguntas incómodas sobre el pasado reciente y sobre el tipo de Estado que el libertarismo está construyendo: uno que se retira, incluso, de investigar el endeudamiento más polémico del siglo.