Alarma en la Justicia bonaerense: magistrados denuncian “insuficiente protección” ante bandas narco

Un ataque violento contra un juzgado del Departamento Judicial San Martín encendió nuevas alarmas dentro del Poder Judicial bonaerense. El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación” tras un episodio que expuso, según señalaron, la creciente vulnerabilidad con la que se desempeñan jueces, fiscales y empleados judiciales frente a organizaciones vinculadas al narcotráfico.

El hecho ocurrió luego de la detención de integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo. En represalia, un grupo de aproximadamente veinte personas ingresó al edificio judicial portando armas blancas, en un ataque que puso en riesgo directo tanto al personal como a los ciudadanos que diariamente concurren a tribunales.

Un episodio que evidencia un problema estructural

Desde la entidad remarcaron que lo sucedido no puede interpretarse como un hecho aislado, sino como la manifestación de una crisis más profunda.

“El hecho expuso de manera grave la vulnerabilidad en la que desempeñan sus funciones las y los trabajadores judiciales”, señalaron en un comunicado difundido en redes sociales.

El Colegio advirtió que el ataque dejó al descubierto la insuficiente protección de los edificios judiciales y la falta de recursos adecuados para enfrentar el impacto operativo que generó la desfederalización de los delitos vinculados al narcomenudeo.

En los últimos años, el traspaso de competencias desde la Justicia Federal hacia la órbita provincial multiplicó la carga de trabajo en juzgados bonaerenses, al mismo tiempo que el fenómeno narco se expandió territorialmente en distintos distritos del conurbano.

La justicia provincial, en la primera línea del conflicto

El comunicado pone el foco en un punto sensible: la justicia provincial se encuentra cada vez más expuesta en una batalla que excede lo jurídico y se vuelve directamente una cuestión de seguridad pública.

La presencia de bandas organizadas, con capacidad de intimidación y represalia, instala un escenario preocupante para la independencia judicial. En ese marco, los magistrados advierten que sin garantías mínimas de protección, el normal funcionamiento del sistema judicial queda en riesgo.

“Estos episodios no constituyen hechos aislados, sino la manifestación de un problema estructural que requiere respuestas urgentes y coordinadas del Estado”, subrayaron.

Solidaridad institucional y pedido urgente al Estado

El Colegio provincial manifestó su acompañamiento a las personas afectadas y expresó su respaldo a la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial San Martín, impulsando todas las acciones institucionales necesarias para evitar que se repitan hechos similares.

Además, el comunicado incluyó un fuerte llamado a los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— para que actúen con rapidez.

“Exhortamos a los tres poderes del Estado a adoptar con celeridad medidas concretas que garanticen condiciones adecuadas de seguridad, recursos suficientes y protección efectiva para quienes integran el servicio de justicia”, destacaron.