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Fitosanitarios: Vaccarezza vuelve a reclamar una ley provincial para terminar con el “vacío legal”
12:34 |La diputada radical pidió que la Legislatura trate su proyecto para unificar criterios en los 135 municipios bonaerenses, tras el fallo de la Corte que suspendió ordenanzas en Tandil y Rauch.
La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza (UCR+Cambio Federal) volvió a reclamar que la Legislatura provincial trate el proyecto de Ley de Fitosanitarios que presentó en 2024 y que, según sostiene, es clave para terminar con el “vacío legal” que hoy genera incertidumbre productiva, conflictos judiciales y normativas dispares entre municipios.
La iniciativa apunta a unificar criterios en toda la provincia de Buenos Aires sobre la aplicación de productos fitosanitarios, en un escenario donde las reglas cambian de distrito en distrito y donde, cada vez más, la Justicia interviene ante la falta de una normativa marco provincial.
“El vacío legal que existe en la provincia respecto a la aplicación de los fitosanitarios pone trabas a la producción. Es responsabilidad de los legisladores sancionar la mejor ley posible para darle previsibilidad y reglas de juego claras a los productores”, expresó Vaccarezza.
El fallo de la Corte que reavivó el debate
El pedido legislativo se reactivó luego de una decisión reciente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ordenó suspender de manera preventiva ordenanzas municipales que regulaban el uso de fitosanitarios en Tandil y Rauch.
El máximo tribunal provincial advirtió riesgos ambientales vinculados al impacto sobre la cuenca del arroyo Chapaleofú y remarcó la necesidad de evaluaciones más profundas antes de avanzar con restricciones de mayor alcance.
El fallo dejó expuesta una tensión de fondo: mientras algunos municipios endurecen las distancias de aplicación, otros mantienen normativas más flexibles, y la ausencia de una ley provincial abre la puerta a conflictos permanentes.
“No es la Justicia quien debe fijar los parámetros”
Tras conocerse la resolución judicial, Vaccarezza cuestionó que sean los tribunales quienes terminen definiendo criterios técnicos y sanitarios.
“Frente a este escenario, en septiembre de 2024 presenté un proyecto de ley para regular la aplicación de fitosanitarios, pero lamentablemente sigue esperando por su tratamiento en comisión. No es la Justicia quien debe definir los parámetros, es un tema que debe ser abordado en la Legislatura, dando un debate serio y sin prejuicios”, remarcó.
El vacío legal que existe en la provincia de Buenos Aires respecto a la aplicación de los fitosanitarios pone trabas a la producción en territorio bonaerense.
— Silvina Vaccarezza (@SilVaccarezza) February 3, 2026
Y es responsabilidad de los legisladores sancionar la mejor ley posible para darle previsibilidad y reglas de juego…
La legisladora también advirtió que la falta de reglas claras provocó “pérdidas millonarias”, ya que las distancias permitidas varían considerablemente entre municipios y afectan directamente la planificación productiva.
Un mapa normativo fragmentado
Según datos aportados por Vaccarezza, de los 135 municipios bonaerenses solo 86 cuentan con ordenanzas que regulan la aplicación de fitosanitarios, pero sin criterios unificados.
Esto genera una situación desigual: productores que operan en zonas limítrofes pueden quedar sometidos a regulaciones totalmente distintas en cuestión de metros.
“El conflicto inicial radica en que cada municipio tiene una ordenanza propia, lo que provoca puntos críticos en los límites de las distintas dependencias”, sostuvo en los fundamentos del proyecto.
Una ley para unificar criterios en toda la provincia
La propuesta legislativa busca establecer un marco provincial común para los 135 distritos bonaerenses, unificando criterios técnicos, ambientales y productivos.
El reclamo se da pese a que desde 2021 funciona en Buenos Aires el programa de Buenas Prácticas Agrícolas, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agrario, aunque sin fuerza normativa suficiente para ordenar el escenario general.
Vaccarezza insiste en que la discusión debe darse en el ámbito legislativo, con participación de especialistas, productores y comunidades, para evitar que la provincia siga atrapada entre regulaciones municipales contradictorias y fallos judiciales que se multiplican ante la falta de una ley.
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