La estafa que cruzó fronteras: más de 200 inversores denuncian a una desarrolladora de Mar del Plata

Una trama inmobiliaria que prometía rentabilidad asegurada en dólares, respaldo internacional y negocios en el corazón turístico de Estados Unidos terminó convertida en un escándalo judicial que ya atraviesa fronteras. Más de 200 inversores de distintas provincias argentinas y del exterior denuncian haber sido víctimas de una presunta estafa inmobiliaria internacional cuyo epicentro se ubica en Mar del Plata, con la desarrolladora Developer Group en el centro de las acusaciones.

La figura señalada como principal responsable comercial es Leonardo Bagnasco, apuntado por los damnificados como el rostro visible de una operatoria que habría captado millones de dólares bajo un esquema de contratos incumplidos, pagos de renta suspendidos y propiedades que nunca llegaron a escriturarse.

Rentas en dólares y la promesa de un negocio “seguro”

Según relatan los denunciantes, Developer Group ofrecía inversiones inmobiliarias en Orlando, Florida, presentadas como una oportunidad de renta fija: un contrato de dos años con pago asegurado del 8% anual y un tercer año sujeto a resultados. El atractivo era potente: departamentos en Estados Unidos, supuestamente respaldados por marcas internacionales del rubro hotelero y turístico.

Cientos de personas —muchas de ellas familias que volcaron ahorros de toda una vida— invirtieron sumas promedio de 80 mil dólares. Pero con el correr del tiempo, la maquinaria dejó de funcionar: los retornos prometidos no llegaron y las respuestas comenzaron a desaparecer.

“Hace más de dos años que muchos no cobramos absolutamente nada. Otros ni siquiera lograron escriturar las propiedades. No contestan los teléfonos, no responden los mails”, relató uno de los inversores afectados.

El perjuicio económico total, estimado de manera preliminar, superaría los 16 millones de dólares.

Marcas internacionales como señuelo comercial

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la estrategia de legitimación utilizada para captar inversores. Según testimonios incorporados en transcripciones judiciales, Developer Group habría utilizado la supuesta vinculación con grandes cadenas hoteleras como garantía implícita de respaldo.

“Cuando te venden algo te dicen ‘developer by Wyndham’ o ‘developer by Sheraton’. Eso es tentador porque pareciera que hay un gran respaldo detrás”, afirmó una fuente anónima vinculada al grupo de damnificados.

La utilización de marcas reconocidas habría funcionado como acelerador de decisiones de compra, construyendo una sensación de seguridad que hoy es puesta en duda en sede judicial.

Incumplimientos, silencio y organización de damnificados

La situación se volvió crítica cuando comenzaron a acumularse los incumplimientos contractuales: rentas impagas, demoras eternas en las escrituraciones y una atención al cliente prácticamente inexistente.

Frente al vacío de respuestas, los inversores comenzaron a organizarse en grupos y avanzar en acciones judiciales en distintos puntos del país —Córdoba, Buenos Aires, Patagonia— y también en el exterior: Chile, Colombia, España y Estados Unidos.

El caso dejó de ser un conflicto privado para transformarse en un fenómeno colectivo, con impacto internacional.

Avances concretos en la Justicia argentina

En el ámbito judicial argentino ya se registran medidas relevantes. En una de las causas, el Juzgado Civil 49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso medidas precautorias contra Developer SA y su responsable.

En el expediente iniciado por una inversora identificada como Liliana, se ordenó el libramiento de oficios al Banco Central y al Banco Nación para la apertura de cuentas judiciales en pesos y dólares, con el objetivo de efectivizar embargos y garantizar eventuales cobros.

Este precedente es considerado clave por los damnificados: demuestra que los reclamos avanzan y que es posible trabar embargos no solo sobre la empresa, sino también sobre el patrimonio personal de Leonardo Bagnasco.

“En el caso de Liliana, con una inversión de poco menos de 60 mil dólares, se logró un embargo por más de 140 mil dólares en concepto de capital, daños y retornos impagos”, explicó una fuente vinculada al proceso.

Angustia social y advertencias públicas

Más allá de los expedientes, el caso expone una dimensión emocional profunda. Los testimonios recogidos reflejan desesperación, angustia y parálisis en quienes confiaron sus ahorros en este esquema.

“Hay gente angustiada, desesperada. Son familias que pusieron los ahorros de toda una vida creyendo en una promesa que jamás se cumplió”, señala uno de los relatos incorporados.

En paralelo, proliferan reseñas negativas en buscadores y redes sociales, donde otros afectados advierten sobre experiencias similares y buscan evitar que nuevas personas caigan en la misma operatoria.

Los damnificados buscan ahora visibilizar el caso a nivel nacional, con una estrategia que combina denuncias judiciales, exposición mediática e intercambio constante de información entre grupos de distintos países.

“La idea es que esto se conozca, que Mar del Plata sepa quién es este empresario y que no se repita la historia con más víctimas”, sostuvo una fuente del colectivo de inversores.