Braga pidió informes por obras hidráulicas ilegales que alteran el escurrimiento y elevan el riesgo hídrico

La discusión por el manejo del agua en la provincia de Buenos Aires volvió al centro de la escena legislativa. Esta vez, el foco está puesto en un fenómeno que crece en silencio en vastas zonas rurales: la expansión de canales clandestinos y obras hidráulicas no autorizadas que alteran el escurrimiento natural, generan conflictos territoriales y elevan el riesgo hídrico.

La diputada bonaerense de la Coalición Cívica, Romina Braga, presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial para que el Ejecutivo de Axel Kicillof detalle cómo supervisa y fiscaliza este tipo de intervenciones ilegales, que proliferan en campos bonaerenses sin controles previos efectivos.

El planteo busca conocer el alcance real de los mecanismos provinciales de intervención frente a una práctica que, según advierten desde la oposición, provoca anegamientos, pérdidas productivas y tensiones entre productores y localidades cercanas.

Una práctica ilegal con consecuencias económicas y ambientales

En los fundamentos del proyecto, Braga alertó sobre la persistencia de canalizaciones que eluden la supervisión estatal y modifican cursos de agua, generando impactos directos sobre campos vecinos y zonas urbanas.

“La proliferación de canalizaciones clandestinas altera los escurrimientos naturales y genera conflictos sociales y daños económicos de magnitud”, sostuvo la legisladora al justificar la iniciativa.

El problema no es menor: la alteración del régimen hídrico en una provincia atravesada por múltiples cuencas puede derivar en efectos acumulativos, con consecuencias que exceden lo productivo y alcanzan la seguridad de poblaciones enteras.

La Resolución 46/2026 y el nuevo procedimiento provincial

El pedido de informes apunta directamente a conocer cómo se aplica la Resolución N° 46/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, que aprobó un nuevo “Procedimiento para la resolución de obras hidráulicas no autorizadas”.

Según el texto presentado, el Ejecutivo debe informar el estado de situación y los plazos de puesta en marcha del mecanismo, que involucra a la Autoridad del Agua (ADA) y a la Dirección Provincial de Hidráulica.

En el proyecto legislativo, Braga remarca que toda obra realizada por un propietario para beneficio de su predio requiere aprobación previa de la Autoridad del Agua, tal como establece el Código de Aguas bonaerense (Ley N° 12.257). Esto incluye canalizaciones, terraplenes y otras intervenciones que pueden afectar cursos naturales

Tecnología satelital y control territorial: ¿herramientas disponibles o promesas?

Uno de los ejes centrales del pedido de informes es el uso de tecnología geoespacial de alta resolución para detectar obras ilegales.

Braga consultó si actualmente se emplean herramientas satelitales para garantizar cobertura territorial y si existen convenios con organismos científicos y tecnológicos que fortalezcan los controles.

La resolución incorpora estos sistemas como elemento central de verificación, pero la diputada advierte que su implementación debe ser precisa para que los informes generados tengan peso administrativo y judicial

Coordinación institucional y criterios técnicos ante informes contradictorios

El proyecto también pregunta cómo se articula el trabajo entre ADA e Hidráulica cuando se evalúa una canalización clandestina y qué criterios prevalecen si existen diagnósticos contrapuestos sobre el impacto hídrico.

Para Braga, la clave está en actuar antes de que una obra ilegal se consolide y produzca daños irreversibles.

“La intervención temprana resulta clave para evitar que una obra clandestina se consolide y genere un daño irreversible”, subrayó en el texto legislativo.

Municipios con más responsabilidades, pero ¿con recursos suficientes?

Otro punto relevante es el rol municipal. Tras reformas recientes al Código de Aguas, los municipios fueron incorporados como autoridades de comprobación concurrentes, con capacidad de recibir denuncias, constatar obras no autorizadas y elevar antecedentes a la Provincia en plazos breves. El artículo 166 ter establece que los municipios deben contar con personal y equipamiento idóneo para cumplir esa función En ese marco, Braga pidió saber si la Provincia impulsa programas de capacitación y asistencia técnica para que los gobiernos locales puedan ejercer efectivamente esas competencias.

Regularización: distinguir mantenimiento de nuevas obras clandestinas

El pedido de informes también incorpora un aspecto sensible: la posibilidad de regularizar ciertas obras ejecutadas sin autorización previa que no generen perjuicios al dominio público hídrico.

Para Braga, resulta necesario diferenciar entre mantenimiento de canalizaciones preexistentes y la ejecución de nuevos canales clandestinos que modifican el territorio sin control estatal.

Katopodis y el nuevo protocolo de denuncias

En paralelo al avance legislativo, el Ministerio de Infraestructura difundió detalles de un nuevo protocolo para denunciar canales clandestinos.

El titular de la ADA, Damián Costamagna, aseguró que por decisión del ministro Gabriel Katopodis se busca “darle mayor celeridad a las tramitaciones por denuncias de obras hidráulicas no autorizadas”.

Sin embargo, el pedido de informes expone que la oposición reclama mayor transparencia, coordinación institucional y control efectivo en el territorio.La iniciativa de Braga se inscribe en un debate más amplio: cómo garantizar reglas claras y políticas públicas consistentes para proteger cuencas, reducir riesgos hídricos y ordenar el uso del suelo en una provincia atravesada por tensiones productivas, climáticas y territoriales. “El Estado debe garantizar controles efectivos y decisiones fundadas para proteger las cuencas y reducir el riesgo hídrico”, concluyó la legisladora.