Milei cajoneó el nuevo IPC y estalló la polémica: “Manipulan estadísticas públicas”

La renuncia de Marco Lavagna a la conducción del INDEC no solo abrió una crisis institucional en el organismo estadístico más sensible del Estado, sino que reavivó un debate de fondo que atraviesa a toda la política económica del Gobierno: quién controla el “termómetro” de la inflación y con qué criterios se mide el impacto real del ajuste sobre la vida cotidiana.

El detonante fue la decisión del presidente Javier Milei de postergar la aplicación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC), basado en la estructura de consumo de 2017/2018, que debía reemplazar a la actual canasta —vigente desde 2004/2005—. La confirmación llegó por boca del vocero presidencial Manuel Adorni, quien admitió que la suspensión fue “por instrucción del Presidente” para evitar “interpretaciones erróneas”, y que el cambio se implementará recién “cuando la inflación sea cero”.

La explicación oficial no logró desactivar las críticas. Por el contrario, profundizó las sospechas de interferencia política en la producción de estadísticas públicas. En ese marco, el diputado nacional del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, fue tajante: “Confirmado: el nuevo IPC se cajoneó por decisión directa de Milei. Van a sostener el ‘proceso de desinflación’ a costa de ocultar cómo suben los servicios. Si eso no es manipular estadísticas públicas, ¿qué es?”

Confirmado: el nuevo IPC se cajoneó por decisión directa de Milei. No hay dudas, hay órdenes. Van a sostener el “proceso de desinflación” a costa de ocultar cómo suben los servicios. Se les debería caer la cara de vergüenza como mínimo.
Si eso no es manipular estadísticas… https://t.co/5MKsEHoaPy

— Sebastian Galmarini (@SebasGalmarini) February 4, 2026

Un índice que define mucho más que un número

La polémica excede largamente el dato de inflación de enero. El IPC es la variable que impacta de manera directa en jubilaciones, alquileres, AUH, negociaciones salariales, bonos indexados por CER e incluso en la política cambiaria. Por eso, cualquier modificación —o suspensión— en su metodología tiene efectos económicos, políticos y simbólicos.

Desde el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, minimizaron el impacto inmediato del cambio. Según la visión oficial, la diferencia entre el IPC actual y el nuevo sería de apenas 0,1 punto porcentual en enero. Sin embargo, el debate no está puesto en ese mes puntual, sino en lo que viene: la plena recomposición de tarifas y la quita de subsidios energéticos prevista para 2026.

En ese sentido, distintos economistas —incluidos algunos de extracción liberal— advirtieron que la decisión erosiona la credibilidad del sistema estadístico. Y en un contexto de desinflación frágil, la confianza en los datos es tan relevante como el dato mismo.

La cuestión metodológica: servicios que pesan cada vez más

El corazón de la discusión está en las ponderaciones del IPC. La inflación no mide todos los precios por igual: cada rubro tiene un peso específico según cuánto representa en el gasto de los hogares. Esa estructura se define a partir de encuestas oficiales de consumo y se mantiene fija durante años para aislar el efecto de los precios.

El problema es que los hábitos de consumo cambiaron de manera drástica en las últimas dos décadas. Mientras la canasta vigente responde a la Argentina de 2004/2005, el nuevo IPC —basado en la encuesta 2017/2018— incrementa de forma significativa el peso de los servicios: alquileres, electricidad, gas, transporte, educación y salud.

A diferencia de los bienes, cuyos precios pueden ajustarse rápidamente, los servicios tienden a mostrar aumentos más graduales pero persistentes. Esa dinámica los convierte en un factor clave para explicar por qué la inflación suele “resistirse” a bajar, incluso cuando el proceso desinflacionario avanza.

El “efecto tarifas” y el dato que incomoda

Un informe de la consultora PxQ, dirigida por Emmanuel Álvarez Agis, aportó un elemento clave al debate. Según sus estimaciones, si se hubiera aplicado el nuevo IPC, la inflación de enero habría rondado el 3%, por encima del 2,5% anticipado por el Gobierno.

La diferencia se explica, en gran medida, por los aumentos tarifarios provinciales y nacionales que terminaron de conocerse a comienzos de febrero. Con la nueva metodología, el impacto de esos ajustes sobre el IPC sería mayor: hasta 0,8 puntos porcentuales, frente a 0,5 con la canasta actual.

El análisis también muestra cómo varían las ponderaciones regionales. El rubro “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” pesa más en el Gran Buenos Aires y la Patagonia, donde los alquileres y los costos energéticos tienen una incidencia mayor. En esas regiones, los aumentos tarifarios se trasladan casi de forma directa al índice general.

Tarifas, subsidios y percepción social

El contexto tarifario refuerza la sensibilidad del debate. El Presupuesto 2026 prevé reducir los subsidios energéticos del 0,9% del PBI al 0,5%, lo que se traduce en incrementos dispares según la provincia y el esquema regulatorio local.

Córdoba, Mendoza, San Juan y varias provincias del NOA avanzaron con subas en electricidad, agua y gas, mientras que en el AMBA el impacto fue más visible por el cambio en la modalidad de facturación mensual dispuesto por el ENRE. En muchos hogares, las boletas duplicaron su valor, no solo por el precio sino por la concentración del consumo en una sola factura.

Todo ese proceso habría tenido mayor peso en el IPC con la nueva canasta. De allí la sospecha de que la suspensión del índice actualizado no es técnica, sino política.

Credibilidad en juego

El debate sobre el IPC no se reduce a si la inflación de enero era 2,5% o 3%. Lo que está en juego es la credibilidad de las estadísticas públicas en una economía en transición, atravesada por un ajuste profundo y por cambios estructurales en precios relativos.

Tal como señaló el último Informe de Política Monetaria del Banco Central de la República Argentina, la actualización metodológica buscaba capturar con mayor fidelidad los patrones actuales de consumo y tendría impacto en la inflación del primer trimestre del año.

Suspender ese cambio puede facilitar la narrativa oficial del “proceso de desinflación”, pero también reintroduce una sombra conocida en la historia económica argentina: la del termómetro que no mide la fiebre real. Y, como advierten cada vez más economistas, cuando se resiente la confianza en los datos, se resiente también la capacidad de anclar expectativas, negociar salarios y tomar decisiones económicas de largo plazo.

En ese terreno, la frase de Galmarini deja de ser solo una acusación política para convertirse en una pregunta incómoda que atraviesa al Gobierno: si no se mide lo que efectivamente sube, ¿qué se está mostrando cuando se habla de inflación?