Un paquete de iniciativas presentado en la Legislatura bonaerense volvió a poner en el centro del debate la carga impositiva y el esquema de controles vehiculares en la Provincia de Buenos Aires. El impulsor es el diputado de La Libertad Avanza, Francisco Adorni, quien elevó una batería de proyectos para modificar el régimen de sanciones de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), desregular el sistema de talleres habilitados y eliminar el impuesto automotor a partir del ejercicio fiscal 2026.
El primer eje del paquete apunta a la Ley N.º 13.927. La propuesta busca impedir que los agentes de tránsito retengan la licencia de conducir cuando la infracción sea la falta de VTV. Según el texto, la licencia acredita la aptitud personal para manejar, mientras que la VTV evalúa la aptitud técnica del vehículo. “Confundir ambos planos genera sanciones desproporcionadas, vulnera el principio de razonabilidad y no mejora la seguridad vial”, fundamentó Adorni.
En concreto, el proyecto modifica el artículo 16 para dejar expresamente establecido que “en ningún caso la infracción por la VTV podrá dar lugar a la retención de la licencia de conducir, registro o documentación personal del conductor”.
Otro punto sensible es la desregulación del mercado de la VTV, una idea recurrente dentro del espacio libertario. La iniciativa habilita a cualquier establecimiento mecánico, concesionarias y talleres privados a realizar la verificación, bajo un esquema de auditorías estatales. El objetivo declarado es introducir competencia, reducir costos y eliminar demoras, sin resignar estándares técnicos.
A la par, el proyecto propone actualizar la periodicidad de la VTV según la antigüedad del vehículo, en línea con el esquema vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así, los vehículos 0 km realizarían su primera verificación a los cinco años; los autos de entre cinco y diez años, cada dos; y los de más de una década, anualmente. “Aporta previsibilidad y un ahorro efectivo al bolsillo del bonaerense”, sostiene el legislador.
El capítulo de mayor impacto fiscal y político es la derogación total del impuesto automotor a partir de 2026. La iniciativa se presenta como una medida para aliviar la presión tributaria, estimular el consumo interno y promover la eficiencia del gasto público provincial.
Adorni cuestiona la relación entre el monto que pagan los contribuyentes y el peso real del tributo en la recaudación. “Es una de las principales fuentes de reclamo ciudadano por su desproporción respecto del valor del vehículo y la presión que ejerce sobre la clase media”, afirma. En esa línea, sostiene que el impuesto representa un porcentaje marginal de los ingresos provinciales —“$2 de cada $100 que ingresan a Gobernación”—, mientras su impacto económico sobre los hogares es significativo.