El Municipio de Mercedes, al mando de Juan Ustárroz elevó el tono ante la falta de respuestas del Estado Nacional. La misiva oficial, enviada el 30 de enero de 2026, exige tareas de reparación integral.
La denuncia advierte que el abandono de los predios ferroviarios «obstaculiza gravemente la visión de conductores y peatones», lo que genera un aumento en la inseguridad urbana.
El reclamo incluye la verificación de los pasos a nivel y el arreglo de las barreras automáticas. Los desperfectos en señales fonoluminosas ya han sido reportados sin éxito desde abril de 2025.
Además de las fallas operativas, el Municipio demanda el corte de pastizales y la poda preventiva. La acumulación de residuos en las vías también forma parte de la exigencia.
Desde el gobierno local recordaron que, según la Ley 22.647, Trenes Argentinos es el único responsable legal. Los municipios tienen prohibido intervenir en estas zonas sin autorización nacional.
El artículo 65 de la Ley 2.873 es clave en este conflicto: establece que la empresa ferroviaria debe probar el «caso fortuito o fuerza mayor» para evitar la responsabilidad en accidentes.
Ante la gravedad de la situación, el Ejecutivo instó a todas las fuerzas políticas a unirse al pedido. Aseguran que los recientes siniestros son una prueba irrefutable de la urgencia.
La tensión crece debido a que la ley impide que la comuna realice tareas de mantenimiento por cuenta propia. Esta restricción legal agrava la vulnerabilidad de los vecinos mercedinos.