En un encuentro clave en el Dock Central, el ministro Walter Correa y la presidenta del Puerto, Susana González, comunicaron la vigencia de la norma a los gremios. La resolución establece que las agencias marítimas deberán contratar personal de seguridad para proteger la actividad en los muelles bonaerenses.
Correa calificó el dictamen como "fundamental" ante lo que consideró un "avasallamiento del gobierno nacional con respecto a la desregulación". Y destacó que la decisión protege "600 puestos de trabajo" y valoró la "coherencia" de González al priorizar la estabilidad de las y los trabajadores.
Por su parte, González confirmó que el Directorio del Consorcio aprobó la medida por unanimidad para fortalecer los estándares de seguridad portuaria. “El objetivo es fortalecer los estándares de seguridad y sostener el control de actividad vinculadas a la operatoria portuaria”, explicó.
Gabriel Vera, referente del Sindicato de Serenos de Buques, celebró la recepción de las autoridades y el impulso estatal a esta medida de protección y remarcó que la resolución garantiza la continuidad laboral "para que alrededor de 600 familias puedan lograr el sustento de sus hogares".
La reunión contó con la presencia de sindicatos de fleteros y apuntadores marítimos, consolidando un frente común en defensa de la seguridad en las terminales.