Escuelas privadas bonaerenses piden autorización para aumentar las cuotas

A pocos días del inicio del ciclo lectivo, las escuelas privadas de la provincia de Buenos Aires encendieron una señal de alerta por su situación financiera y reclamaron al Gobierno provincial una autorización urgente para actualizar las cuotas. El pedido fue formalizado por la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA), que agrupa a establecimientos de todos los niveles educativos en territorio bonaerense.

El planteo surge como respuesta directa al aumento salarial retroactivo acordado en paritarias para el personal docente. Según la entidad, la medida impactó de manera inmediata en la estructura de costos de los colegios sin que exista, al menos por ahora, una herramienta para compensar ese incremento mediante los aranceles que pagan las familias.

Desde AIEPA advirtieron que los nuevos costos laborales no pueden ser absorbidos con las cuotas vigentes, lo que genera un desfasaje económico “difícil de sostener” para las instituciones no estatales. En ese sentido, su titular, Martín Zurita, explicó que las cuotas permanecen sin cambios al menos hasta marzo, mes en el que históricamente se habilita la primera actualización arancelaria del año.

Ese lapso deja a los colegios con varios meses de gastos incrementados y sin ingresos adicionales para afrontarlos, justo en el período previo al inicio de clases. La situación se vuelve más compleja en el caso de las instituciones que reciben aporte estatal: por normativa, solo pueden aplicar cuotas actualizadas a partir de marzo, lo que abre una brecha de aproximadamente tres meses sin cobertura para los nuevos costos salariales.

El impacto económico, precisaron desde la asociación, supera el 8% en términos de costo salarial. A la suba del 1,5% correspondiente a diciembre se suman el pago del aguinaldo y los incrementos previstos para enero y febrero, todo ello sin modificaciones en las cuotas y, además, sin cobro de aranceles durante el receso académico. El resultado es un desequilibrio entre ingresos y egresos que se profundiza en plena preparación del año escolar.

El reclamo adquiere mayor dimensión si se considera que en la provincia funcionan alrededor de 4.800 colegios privados con subvención estatal, lo que representa más del 70% del total. Todos ellos deben respetar topes arancelarios fijados por el gobierno provincial, aun cuando los costos operativos —servicios, mantenimiento y salarios— continúan en alza.

Para AIEPA, este escenario configura “un momento de cambios” y “desafíos severos” para la sostenibilidad del sistema educativo privado. La combinación de aumentos salariales, aranceles congelados y limitaciones normativas reduce el margen de maniobra, especialmente en las instituciones que dependen en mayor medida de las cuotas para cubrir gastos corrientes.

A este panorama se suma un factor adicional que agrava la situación: el crecimiento de la morosidad. Las escuelas privadas reportan niveles de deuda por parte de las familias por encima del promedio histórico, un fenómeno que Zurita vincula con las dificultades que atraviesan los presupuestos familiares.