Provincia: hay superpoblación en cárceles y el 43% de los detenidos no tiene condena

Argentina atraviesa el nivel más alto de encarcelamiento de su historia. Así lo advierte el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), publicado en enero de 2026, que expone un escenario crítico en el sistema penitenciario: cárceles superpobladas, crecimiento sostenido del encierro y una elevada proporción de personas privadas de la libertad sin condena firme.

Según el relevamiento, al 31 de diciembre de 2024 el país registraba 121.443 personas privadas de la libertad (PPL), lo que equivale a una tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta desde que existen registros oficiales. Este crecimiento no es aislado ni coyuntural: en los últimos 25 años, el encarcelamiento aumentó a un promedio anual del 6%, con la única excepción de 2020, cuando la pandemia generó una leve retracción. En 2024, incluso, el incremento fue mayor y alcanzó el 7,1% interanual.

Provincias con tasas récord de encarcelamiento

El informe señala que cinco provincias superan ampliamente la media nacional. Córdoba encabeza el ranking con casi 377 personas detenidas cada 100.000 habitantes, seguida por Mendoza (308), Buenos Aires (305), Santa Fe (286) y Salta (267). En estos distritos, el crecimiento del encierro se combina con problemas estructurales históricos en materia de infraestructura, gestión penitenciaria y políticas penales.

A nivel nacional, el diagnóstico es contundente: los sistemas penitenciarios funcionan al 130,2% de su capacidad, lo que implica que hay 130 personas alojadas en espacios pensados para 100. Pese a la construcción y ampliación de unidades carcelarias en los últimos años, la sobrepoblación no logró reducirse.

Más cárceles, pero el mismo problema

Durante 2024, varios gobiernos provinciales —entre ellos Buenos Aires, Jujuy, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán— incrementaron la cantidad de plazas penitenciarias. Sin embargo, el CNPT advierte que esta estrategia no resolvió el problema de fondo.

“Buena parte de esos nuevos centros penitenciarios recibió a personas que estaban alojadas en comisarías. Esto generó un aumento del encarcelamiento, pero no logró reducir la cantidad de personas detenidas en el ámbito policial, que apenas se estabilizó”, señala el informe. En otras palabras, se amplía la capacidad, pero también se amplía el uso del encierro.

Un sistema cada vez más poblado

En la última década, la cantidad de personas alojadas en cárceles del país creció un 67,7%, aunque con fuertes diferencias entre jurisdicciones. Santa Fe registró el incremento más pronunciado, con un 244,8%, seguida por Santiago del Estero (138,2%) y Córdoba (116,6%). En estos tres casos, la población carcelaria se duplicó entre 2015 y 2024, un dato que revela la aceleración del uso de la prisión como respuesta penal.

Presos sin condena: una deuda estructural

Uno de los datos más sensibles del informe tiene que ver con la situación procesal de las personas privadas de la libertad. A nivel nacional, el 62% de la población carcelaria está condenada, mientras que el 37,3% permanece procesada, es decir, detenida sin sentencia definitiva. En términos prácticos, más de cuatro de cada diez personas encarceladas no tienen condena firme, una situación que vuelve a poner en debate el uso extensivo de la prisión preventiva.

Las diferencias entre provincias son marcadas. Neuquén presenta el mayor porcentaje de personas condenadas, con un 99,6%, seguida por Chaco, Chubut y San Juan, que superan el 90%. En el extremo opuesto, hay jurisdicciones que superan ampliamente la media nacional de personas detenidas sin condena, como Formosa (51%), Córdoba (49%), Buenos Aires (43%) y Misiones (39%).

Qué delitos predominan

El informe también detalla los tipos de delitos por los cuales están detenidas las personas privadas de la libertad. La mayor proporción corresponde a delitos contra la propiedad, que representan el 36,4% del total, es decir, casi cuatro de cada diez casos. Les siguen los delitos contra las personas (21,7%) y los delitos contra la integridad sexual (20,5%).