Escala la tensión por la Ley Penal Juvenil: Macha rechazó la iniciativa y denunció ataques

En la antesala del tratamiento del proyecto de Ley Penal Juvenil que impulsa el Gobierno nacional, la senadora bonaerense de Unión por la Patria Mónica Macha expresó un rechazo contundente a la iniciativa y denunció el clima de hostigamiento contra la abogada Claudia Cesaroni, una de las voces más críticas de la propuesta oficial.

La legisladora cuestionó el enfoque del texto promovido por la administración de Javier Milei, al advertir que la baja de la edad de punibilidad no sólo no resuelve los problemas de seguridad, sino que profundiza una lógica punitiva que desconoce estándares internacionales de derechos humanos. En ese marco, Macha también repudió los ataques recibidos por Cesaroni en redes sociales y alertó sobre la gravedad de los mensajes difundidos.

Repudio a los ataques y respaldo institucional

Durante las últimas 24 horas, cuentas vinculadas a militantes de La Libertad Avanza difundieron consignas violentas como “Claudia Cesaroni ha muerto”, lo que motivó una rápida reacción de organizaciones de derechos humanos. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) se plegó al repudio y exigió garantías para la integridad de la abogada.

Macha sostuvo que el ataque a Cesaroni “da cuenta de su compromiso y de la bajeza de sus agresores”, y agregó que “estos personajes confunden un rato de poder con impunidad”, en referencia al uso de la violencia simbólica para acallar posiciones críticas.

Una voz experta contra la baja de punibilidad

Cesaroni, con una extensa trayectoria en el ámbito académico y en políticas públicas de derechos humanos —se desempeña en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y formó parte del área jurídica de la Secretaría de Derechos Humanos entre 2004 y 2010— confirmó que iniciará acciones legales al considerar que su seguridad e integridad física “están siendo atacadas”.

La abogada fue especialmente dura con el contenido del proyecto: afirmó que la iniciativa “es peor que el régimen penal vigente, sancionado bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla”, y que incluso recupera normas de principios del siglo XX, anteriores a la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.

Según señaló Cesaroni, el 90% de los especialistas que participaron en la audiencia de comisiones se manifestaron en contra del proyecto. A su entender, la propuesta intenta resolver un problema “inventado” respecto de la participación de menores de 14 años en delitos graves, sin evidencia estadística sólida que justifique una reforma de ese calibre.